El salón Héroes y Mártires de la Secretaría de la Presidencia en Managua se convirtió, durante todo el día de ayer, en una fortaleza resguardada por policías y personal de seguridad, a la que solo podían entrar quienes estuvieran en listas con nombre, apellido y la organización o institución de procedencia.
Ese fue el escenario de la consulta pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Gran Canal Interoceánico, donde se presentaron las conclusiones de este y se planteó la necesidad de más estudios y al que a LA PRENSA se le negó el acceso.
El martes 22 de septiembre, la Comisión del Gran Canal realizó esta misma presentación a los miembros de la Comisión Técnica Asesora del megaproyecto, según logró conocer LA PRENSA a través de una fuente que prefirió omitir su nombre.
LOS INVITADOS
Desde las 9:00 a.m. que inició la denominada consulta pública, al salón Héroes y Mártires ingresaron varios cientos de jóvenes con camisetas del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, de la Juventud Sandinista e incluso del Ministerio de Educación.
Además de los jóvenes, en el salón estuvieron algunos representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país así como miembros de la empresa privada.
La jornada se basó en tres presentaciones realizadas por Bill Wild, asesor principal del proyecto en HKND Group y Kwok Wai Pang, vicepresidente ejecutivo de HKND.
En las tres presentaciones se abordó al lago Cocibolca y su situación actual, así como su estado si se hace el Canal; también se mostraron los impactos positivos y negativos del megaproyecto y las conclusiones y recomendaciones del EIAS.
Según el cronograma de trabajo de HKND, publicado en la Descripción General del Proyecto, el Canal deberá estar terminado para el segundo semestre de 2019 y para inicios de 2020 se deberían estar realizando las pruebas con barcos y el inicio de operaciones.
“IMPACTO NETO POSITIVO”
En la presentación realizada por Pang sobre el EIAS, se enumeraron los impactos ambientales positivos y negativos.
Entre los negativos se señalan: lago Atlanta, riesgos para el lago de Nicaragua (Cocibolca), reubicación de las personas afectadas, tala de algunos bosques, impactos en la excavación, invasión de los humedales de San Miguelito, impacto en el río Punta Gorda y Brito, así como pérdida de tierras agrícolas.
Mientras que los positivos son: Indio Maíz se protegerá de la invasión, mejoras al Corredor Biológico Mesoamericano, se crearán reservas de aves en las islas artificiales del lago de Nicaragua, programa de reforestación masiva, oportunidades de patrimonio arqueológico, crecimiento económico para Nicaragua, mejores oportunidades de empleos, mejora en la infraestructura social.
Al final de la enumeración de los aspectos positivos, HKND afirma que “el impacto neto es positivo”.
PROCESO DE CONSULTA, SEGÚN LEGISLACIÓN NACIONAL
Mónica López Baltodano, directora de Fundación Popol Na y miembro del Grupo Cocibolca, explicó que “las normativas aplicables a la consulta del EIAS y documentos afines son: la Ley General de Medioambiente, el Decreto 45-94 que reglamenta los permisos y la evaluación de impacto ambiental y la Resolución Ministerial 03-2000”.
En el caso de la Resolución Ministerial se establece que “una vez que los documentos son entregados por la empresa concesionaria a la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), ellos deben proceder a una revisión de dichos documentos y una vez que están completos y han satisfecho a Marena, el ministerio le debe proporcionar un documento de disponibilidad para la publicación del documento de impacto ambiental para consulta pública”.
Una vez cumplido con ese proceso, la empresa concesionaria que en este caso es HKND debió haber publicado en dos periódicos de circulación nacional, al menos dos días antes de la consulta, la información de que los documentos estaban disponibles para consulta de la ciudadanía o de los organismos interesados.
Para López Baltodano, lo realizado por HKND y la Comisión del Gran Canal “no se le puede llamar ni consulta ni pública, porque no se divulgaron los documentos, no se sabía que iba a ocurrir la audiencia, no se permitió la entrada de ninguna organización que no fuese afín al proyecto, por tanto no se cumplió con ninguno de los requerimientos de ley establecidos para este proceso”.
GRUPO COCIBOLCA NO VE QUE HAYA CONSULTA
El Grupo Cocibolca que agremia a ocho instituciones ambientales rechazó la “supuesta consulta popular” que realizaron el día de ayer.
Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt, manifestó que la consulta que se realizó a puertas cerradas no llena los requisitos mínimos de ley y que fue un acto propagandístico más como lo han venido haciendo.
Rosario Sáenz, del Grupo Cocibolca, opinó que la presentación de esta consulta pública es absurda, pues debió hacerse antes de entregar los estudios de impacto ambiental.
“La presentación que está haciendo HKND en conjunto con el Gobierno realmente debió haberse hecho antes de haber entregado los documentos, los documentos se entregaron un día feriado, a medianoche en una casa particular, no bastándoles eso hacen este evento donde no invitan a los ciudadanos”, expresó Sáenz.
(Colaboración Mabel Calero).
NEGOCIACIÓN POR TIERRAS
El sistema de expropiación e indemnización por las tierras necesarias para el proyecto del Gran Canal Interoceánico fue explicado durante la llamada Consulta Pública. Según la presentación, “el Canal alquilará 26,000 hectáreas de tierras indígenas, se afectará un total de 362 hogares, solo 25 familias son indígenas y las otras 337 familias son pobladores”. Además de los datos, las diapositivas ofrecen imágenes del borrador del Plan de Acción de Reasentamiento.
No obstante, lo que establece la Ley 840 (Ley del Gran Canal) es que todas las propiedades requeridas para el proyecto serán expropiadas sin que los dueños tengan oportunidad de apelar y se les indemnizará con el valor catastral (a junio de 2013) de las propiedades.
LINEAMIENTOS IFC y DEL BM
Durante la presentación realizada a la Comisión Técnica Asesora el 22 de septiembre, HKND planteó su interés de cumplir con las normas de desempeño que establece la Comisión Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial (BM). La IFC establece ocho normas de desempeño que las empresas deben respetar para poder acceder a un ciclo de inversión: la evaluación y gestión de riesgo e impactos ambientales y sociales, trabajo y condiciones laborales, eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación, salud y seguridad de la comunidad, adquisición de tierra y reasentamiento involuntario, conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos vivos, pueblos indígenas y patrimonio cultural.
Nosotros como Grupo Cocibolca hemos entregado más de 15 solicitudes pero no nos han respondido y hoy (ayer) se nos negó la entrada sabiendo que la presentación es pública”
Jefree Álvarez Tórrez, abogado ambientalista de Fundación Popol Na.
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