El procurador general de la República, Hernán Estrada, afirmó este miércoles que hay más de 16 casos de venta de tierras indígenas en las que, supuestamente, se encuentra involucrado el exdiputado Brooklyn Rivera y que incluso trataron de “persuadirlo” para que cesara en esta actividad, pero no escuchó; sin embargo Rivera rechazó los señalamientos del abogado del Estado.
Rivera mantuvo que detrás del “show burdo”, lo que existe es un trasfondo económico y político por la riqueza de las tierras indígenas. A pesar de las “abundantes” pruebas que el procurador dice tener en contra de Rivera, aseguró que aún no han determinado si lo acusarán penalmente, porque se está ampliando la información.
“Eso lo vamos a determinar en la Comisión, tenemos toda la evidencia, eso sí, del involucramiento de él (de Brooklyn Rivera) directamente. Personalmente nos habíamos reunido con él tratando de persuadirlo y que cesara las actividades de sus allegados más cercanos, René García Becker y el registrador David García, quienes no pudieron haber actuado sin la anuencia de su superior, en este caso el diputado Brooklyn Rivera”, dijo Estrada.
Al respecto, Rivera expresó que desconoce “esas reuniones de persuasión” que dice Estrada, ya que todo el tiempo el procurador “cerró las puertas a los dirigentes indígenas”, quienes demandaban el cumplimiento del saneamiento de las propiedades indígenas, es decir, desalojar a los colonos invasores, que es uno de los compromisos del Gobierno después de la titulación.
BROOKLYN RIVERA INTERPONE RECURSO EN EL TAM
Mientras Estrada brindaba conferencia de prensa solo a los medios oficialistas y anunciaba la reactivación de la Comisión Interinstitucional que investigará el conflicto territorial entre indígenas y colonos —registrados en Waspam, en el Caribe Norte—, Rivera presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal.
El recurso fue puesto contra la primera comisionada Aminta Granera, directora de facto de la Policía Nacional, y contra las jefaturas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional de esa misma institución; mismo que será estudiado por la Sala Penal Dos del TAM.
“No tenemos miedo a las investigaciones, pero sí a las actuaciones ilegales, a los atropellos arbitrarios, de las mentiras que inventan para cometer agresiones contra la dirigencia de los pueblos indígenas”, refirió Rivera, quien fue desaforado esta semana con los 62 votos de la bancada oficialista y sus aliados del PLC en la Asamblea Nacional.
El exdiputado señaló de cómplice al gobierno de Daniel Ortega de la invasión de los colonos a territorios indígenas y de ser responsable de la destrucción del medioambiente y el saqueo de la riqueza natural de la zona.
“Lo ha hecho a través de sus instituciones, que han permitido la destrucción del bosque. Los colonos son punta de lanza porque detrás están los ganaderos, madereros, los terratenientes, empresas mineras, los políticos interesados en usurpar todas las tierras indígenas, han acabado con el bosque del Caribe Norte y siguen avanzando (en) el saqueo de las maderas, detrás están las empresas; hay mucho dinero en todo esto y como lo hemos señalado es un crimen”, dijo Rivera.
La investigación sobre el tráfico de tierras indígenas inició en el 2010, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) denunció a más de treinta notarios públicos que hacían las escrituras de compra-venta de las tierras indígenas a pesar de estar prohibidas por Ley y al registrador público David Rodríguez, por permitir la inscripción anómala de las ventas.
En ese momento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sancionó a unos 18 notarios y destituyó al registrador público del Caribe.
CINCO NOTARIOS PENDIENTES
Al respecto, la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la CSJ, dijo que de esos notarios denunciados por la PGR solo le falta al Consejo de Administración y Carrera Judicial de ese poder del Estado resolver unos cinco casos de notarios, que probablemente estén listos este próximo viernes.
Sobre casos nuevos de venta de propiedades indígenas dijo desconocer, porque la nueva registradora está trabajando bien, pero de todas maneras la Comisión trabajará en eso.
Por su parte, Rivera solicitó a los magistrados del TAM que pidan informe a los jefes policiales sobre los motivos por los cuales está siendo amenazado con ser detenido ilegalmente. Según la Ley, los magistrados de la Sala Penal Dos del TAM tienen 24 horas para pronunciarse sobre dicha solicitud.
Mientras tanto, el procurador Estrada afirmó que la Comisión Interinstitucional, integrada por el Ministerio Público, el poder judicial y otras instituciones del Gobierno, y presidida por la PGR, continuarán ampliando las investigaciones sobre la situación del territorio indígena ante supuestas nuevas denuncias de pobladores.
Estrada agregó que los datos de propiedades indígenas supuestamente vendidas a colonos y que relacionan al exdiputado Rivera ya se conocían en el 2010, pero es hasta ahora que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) señala por esto al líder indígena, quien considera que “es pasada de cuentas” por separarse de la bancada sandinista y votar de forma independiente en la Asamblea Nacional.
(Con la colaboración de Elízabeth Romero y Emiliano Chamorro).
“ES SITUACIÓN POLÍTICA”
Cornelio Tebas, presidente de la comunidad indígena de Wangky Twi Tasba Raya y mencionado como uno de los vendetierras en el Caribe Norte, negó estar involucrado en las acusaciones. “Es una situación política y lo que pretenden es ensuciarme. Eso es meramente político. Yo fui alcalde de este municipio (de Waspam) y yo jamás vendí una pulgada de tierra que yo ni tengo”, afirma Tebas.
A Tebas lo señala el Gobierno de vender más de 23,000 manzanas de tierra, pero el líder indígena exige pruebas. “Yo soy pobre pero soy una persona honrada, que me muestren esas pruebas de que yo vendí esas tierras”, justificó Tebas, quien insistió que todo eso de lo que lo acusan es totalmente falso.
NIEGAN VENTAS
Ted Omier, presidente territorial de Li Aubra, a orillas de Río Coco Arriba, y uno de los dos territorios de Waspam en conflicto, rechazó que haya vendido tierras indígenas. Omier es una de las personas que aparecen en los 16 casos mencionados en el informe del diputado oficialista Edwin Castro. “Esta es una pasada de cuentas, ¿me entiende? Porque hoy en día la tecnología está avanzada… escanean los nombres de una persona que le quieren pasar la cuenta, ese estilo vemos”, fue la primera reacción de Omier, quien luego dijo que todo “es falso”.
Con sus instituciones
el Estado ha apoyado
de alguna manera la
invasión masiva de los
colonos. El Ejército ha
actuado contra indígenas, no contra colonos”.
Brooklyn Rivera, exdiputado
Yatama.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A ,1 A
