En ocasión de conmemorarse este primer lunes 7 de septiembre el Día Nacional de la Constitución, se evidencian transgresiones recientes a las garantías establecidas en la ley suprema, entre ellas el derecho a la vida, libertad de expresión, movilización, concentración, manifestación, la propiedad, derecho al trabajo, a la libertad individual, la seguridad y otras.
Entre las situaciones de irrespeto a la carta magna y a los derechos constitucionales en lo que va del año podría mencionar las siguientes:
Represión y detención a dirigentes del Consejo Nacional pro Defensa de la Soberanía y la Tierra, y su detención ilegal en la cárcel de El Chipote y de otros sucesos, así como violaciones al debido proceso y denuncias de torturas. Detención arbitraria a líderes de trabajadores mineros, transportistas, y campesinos del Triángulo Minero y otros municipios de la costa Caribe por sucesos laborales y de carácter penal.
Juicio carente de legalidades en contra de los detenidos de los hechos ocurridos el 19 de julio del 2014, detención ilegal, y falta de sentencia un año después de los sucesos.
Otra violación fue la agresión contra el empresario turístico Milton Arcia, en Ometepe, golpeado y detenido, violándole su derecho a la integridad física, psíquica y moral contenido en el artículo 36 de la Constitución. En el mismo caso, violación del derecho de propiedad privada (artículo 44 de la Constitución) al ser demolido sin ninguna orden judicial un edificio donde el empresario construía un hotel turístico.
Expulsión y despido injustificado del catedrático, Gabriel Álvarez de la Universidad Autónoma de Nicaragua, sede León, por emitir opiniones contrarias al pensamiento del Gobierno, violentando su derecho al trabajo establecido en el artículo 80, al igual que el derecho a la libertad de expresión y pensamiento estipuladas en los artículos 29 y 30 constitucional.
Represión y agresión a diputados y adversarios del Gobierno mientras marchaban hacia las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) en demanda de condiciones mínimas para la realización de elecciones libres, justas y transparentes, violentando el derecho de concentración, manifestación y movilización pública establecidos en el artículo 54 de la Carta Magna.
Una de las violaciones más graves como es el derecho a la vida fue la masacre perpetrada en Las Jagüitas por agentes de la Policía Nacional (PN) en contra de una familia que perdió a tres de sus miembros (dos de ellos menores de edad).
A todas estas violaciones a la Constitución y a los derechos humanos se le suman otros acontecimientos que si bien no se puede considerar directamente al Gobierno como culpable, es claro que constituyeron violación a los derechos humanos tales como: la colocación de una mochila bomba, en la comunidad El Portal del municipio de Santa María de Pantasma, donde perdieron la vida tres personas vinculadas a grupos supuestamente alzados en armas en contra del Gobierno.
Este hecho se lo atribuyen al Ejército de Nicaragua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), lo ha calificado como una masacre producto de una operación de inteligencia militar.
Otro caso fue la muerte de un reo en las celdas de El Chipote que de acuerdo con la versión ofrecida por la PN, fue un suicidio donde el detenido, investigado por la muerte de un oficial de inteligencia del Ejército, decidió quitarse la vida en un hecho muy confuso.
Hay otros hechos que atentan contra la libertad de prensa, como la iniciativa de Ley sobre la Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de la Banda Ancha que contenía disposiciones que en la práctica se traduciría en el control absoluto del Estado sobre el flujo de información que sale y entra al país vía internet y no se aprobó por presión del sector privado y los periodistas independientes.
Con todos estos hechos mencionados es urgente y necesario retomar el respeto a la Carta Magna, es necesario volver a retomar el respeto a la ley suprema puesto que ahí está la base de todo el sistema normativo no solo porque están los objetivos del estado sino también los con los derechos que tenemos todos los ciudadanos, a su vez para asegurar la paz y el orden social que necesita Nicaragua.
El autor es Director Ejecutivo del Grupo Projusticia. docente de Derecho Constitucional
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
