Los despidos de personal en el Estado representan una presión en el gasto presupuestario debido a que el Gobierno debe endeudarse a su vez para honrar las indemnizaciones laborales. De acuerdo con los informes de liquidación presupuestaria entre 2007 y 2014 se pagaron 528.74 millones de córdobas en concepto de indemnizaciones laborales a extrabajadores públicos.
El monto para la cancelación de los extrabajadores estatales se eleva a 578.74 millones de córdobas al agregarle los cincuenta millones de córdobas previstos a pagarse en 2015.
Durante el actual gobierno de Daniel Ortega los sindicatos no afines así como partidos de oposición han denunciado barridas del personal en los ministerios y entidades estatales, la mayoría por no ser simpatizantes del partido de Gobierno.
La Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep) denunció en 2011 al gobierno de Ortega en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por “un desmedido abuso de autoridad, represalia y discriminación por razones ideológicas”.
La Fedetrasep registró entre 2007 y 2010 el despido de 21,000 empleados públicos, cifra que se elevó a 24,000 para 2012. Las cantidades incrementan porque solo en 2015 se reporta que unos doscientos técnicos fueron corridos del Ministerio de Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca).
C$12 MILLONES PARA 190 EXTRABAJADORES
Los informes presupuestarios no precisan la cantidad de trabajadores que se indemnizó entre 2007 a junio de 2015. Únicamente se registran los millones de córdobas por año asignados para cumplir esta obligación, que son cubiertos con emisión de deuda pública interna.
Hasta junio pasado se pagaron 17.58 millones de córdobas —de los cincuenta millones asignados—, registra el informe de avance presupuestario de medio año.
Y hace once días el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) desembolsó 12.03 millones de córdobas para pagar la liquidación laboral de 190 extrabajadores estatales.
En La Gaceta, Diario Oficial, del 21 de agosto de 2015, se publicó el Acuerdo Ministerial 20-2015 donde el ministro de Hacienda, Iván Acosta, autoriza a la Dirección General de Presupuesto y Tesorería “hacer efectivo el pago” por 11.20 millones de córdobas “en concepto de pasivo laboral por indemnización administrativa a favor de 189 extrabajadores del Ministerio de Salud (Minsa)”.
Y a través del Acuerdo Ministerial 21-2015 se ordenó pagar otros 836 mil córdobas por pasivo laboral a un extrabajador del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), pero no se precisa nombre.
NÚÑEZ: FALTA PLANIFICACIÓN
Eliseo Núñez, diputado de la Bancada de la Alianza Partido Independiente (Bapli) y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, analiza que la carga presupuestaria por indemnización laboral se debe a “una falta de planificación” en el retiro de empleados por envejecimiento. “Pero sobre todo porque el empleo en el Estado es usado como arma partidaria donde se corre a quién no se afilia al partido sandinista”, denuncia.
El diputado Núñez explica que en el caso del Minsa está aprobado un Plan de Retiro Voluntario para trabajadores con treinta años de laborar en el sector y quienes hayan cumplido 60 años y deban jubilarse.
Entiende el legislador que el pago para 189 extrabajadores del Minsa que hizo Hacienda en agosto sería parte de ese plan.
El Minsa estimó que 2,100 trabajadores se acojan al plan de retiro voluntario, pero a la vez contratará a cuatro mil empleados jóvenes como parte de la renovación del personal de Salud.
Para concretar ese plan el Gobierno adquirió un préstamo por 35 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de estos 23.6 millones de dólares serán usados para el plan de retiro de los trabajadores del Minsa.
Núñez responsabiliza al partido sandinista de que el plan de retiro en el sector Salud tenga “un alto costo económico”, al recordar que siendo oposición a través con la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) – cuyo dirigente es el diputado Gustavo Porras- “impusieron un oneroso convenio colectivo” a los gobiernos anteriores.
“Ahora están obligados a ordenar el Sistema de Salud, porque —contrario a la propaganda política— no funcionan bien, por eso están necesitando retirar un montón de gente, debido a que distorsionaron el sistema con el manejo sindicalizado y politizado”, sostiene.
Les dan un finiquito pero ellas no se fijan que están firmando (un cheque) por 30 meses cuando les ofrecen el paquete de retiro voluntario”. Auxiliadora del Carmen Álvarez, representante de extrabajadoras del Minsa.
CINCO AÑOS DE RECLAMOS
En Jinotepe, Carazo, 162 mujeres adultas mayores, que durante cuarenta años le trabajaron al Ministerio de Salud (Minsa), llevan cinco años esperando de que las autoridades cumplan con el monto prometido para que se acogieran a un plan de retiro.
La semana pasada la representante de las demandantes, Auxiliadora del Carmen Álvarez, recurrió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en busca de ayuda, al estar cansadas de obtener respuesta ante las estructuras de Gobierno.
Álvarez explicó que inicialmente la promesa del Gobierno fue que quienes se acogieran al Plan de Retiro Voluntario les entregarían sesenta meses de su salario. Sin embargo, al final solo recibieron lo equivalente a treinta meses.
La mayoría de las extrabajadoras que se acogió a este plan laboraban en las unidades de Salud en las áreas de limpieza, lavandería y cocina.
El monto adeudado a estas 162 personas es de unos dos millones de córdobas, pues según la ley deben pagar la multa por el retraso en indemnizarlas, explicó la representante de las afectadas.
Entre 2010 y la fecha ya han fallecido unas 21 de estas personas y de las que sobreviven la mayoría está enferma y algunas con padecimientos graves, explicó Álvarez.
Según dijo, en busca de respuestas las mujeres están desgastadas física y económicamente. En su búsqueda por el dinero prometido han acudido en diferentes fechas a la casa del presidente inconstitucional, Daniel Ortega. Y aunque han buscado una audiencia con este o con la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, nada han conseguido.
Sin datos del Plan de Retiro del Minsa
Oficialmente en la Comisión Económica no se cuenta con un informe del Ministerio de Salud (Minsa) sobre el avance del Plan de Retiro Voluntario no permitiendo conocer el número de trabajadores que se han acogido a este.
El diputado Eliseo Núñez refiere que tampoco hay un reporte de los desembolsos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de donde se va a financiar el plan de retiro del Minsa.
Núñez dice que el plan se aprobó el año pasado por “lo que ha estas alturas ya debió terminar”, pero la carencia de la información evita conocer la razón de porque el Ministerio de Hacienda pagó la indemnización laboral a 189 extrabajadores del Minsa con recursos de deuda interna.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 C
