En los últimos meses el Intur ha sido sometido a un cataclismo institucional cuyo origen, fines u objetivos, aún no están claros y lejos de visualizar una salida, en cada eslabón las cosas parecen complicarse más y tal parece que la medicina será más perjudicial que la enfermedad.
Sin mediar explicación alguna, primero hubo una sacudida institucional nunca antes vista en una institución del Estado, con la remoción de ocho directores y funcionarios claves, a la que siguió la remoción de la presidenta ejecutiva, Mayra Salinas.
Fueron despedidos: Omar Oporta, director de Asuntos Jurídicos; Eduardo España, director financiero; Nohelia Sánchez, directora de Registro; Francisco Meza, director de Proyectos Turísticos; Francisco Núñez, asesor de la presidencia; Catalina Gordon, responsable de Promoción Internacional; Celina Miranda, Dirección de Capacitación; Raquel Quezada, Unidad de Gestión Ambiental; Adrián Medina, auditor interno; Bayardo Quintero, director de Proyectos Medio Ambientales; Aurora Acuña, Dirección de Servicios Turísticos; Alejandro Mena, coordinador de proyectos; Enrique Pérez, responsable administrativo; Larissa Saravia, asesora legal; Mario Pérez, delegado de Nueva Segovia; e Inés Blandón, delegada de Masaya.
El Intur quedó descabezado, tanto a nivel superior, como intermedio. Un resultado visible es que los proyectos turísticos que estaban en tubería en julio y agosto, aún no han pasado a la revisión y aprobación de la Junta de Incentivos Turísticos (JIT), porque dicha junta, que se reunía religiosamente mes a mes, aún no ha sido convocada después del cataclismo institucional.
Luego entra un proyecto de reforma a la Ley 690 firmado por el jefe de la Bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, que le quita al Intur la facultad de presidir la Comisión Nacional para el Desarrollo de Zonas Costeras (CNDZC) y le traslada dichas facultades al Inifom.
Como si eso fuera poco, casi simultáneamente el ejecutivo envía a la Asamblea, con trámite de urgencia, un proyecto de reforma a la Ley 298, Ley Creadora del Intur, que seguramente se discutirá y aprobará esta semana por la aplanadora oficialista, sin mediar análisis crítico.
Dicho proyecto, que supuestamente pretende solucionar todo este caos provocado por el mismo ejecutivo, propone dar de baja al estatus de “Presidente Ejecutivo”, como figura rectora del Instituto y poner en su lugar a dos codirectores o codirectoras, uno para el área administrativa y uno para el área de promoción y proyectos turísticos, pero según la reforma, la facultad de presidir el Consejo Directivo del Intur recaerá en el codirector (o codirectora) Administrativo y únicamente en su ausencia, presidirá él o la codirectora de Promoción y Proyectos Turísticos.
Llama la atención que se trata del mismo esquema organizativo que estrenaron recientemente en el Invur y no quiero pensar que ello obedece, no tanto a una conveniencia administrativa que redunde en una mayor eficiencia y mejores resultados, sino a un afán de replicar caprichosamente la división de poderes que de hecho se da en el Poder Ejecutivo, encabezado por el matrimonio Ortega-Murillo.
Como se supone que el turismo en Nicaragua va por buen camino y las inversiones turísticas florecen por doquier, no se explica la razón de esta sacudida en el Intur, comenzando por el despido masivo de sus funcionarios con mayor experiencia acumulada y ahora con esta reforma a su Ley Creadora, para que sea una institución bicéfala como el Invur y con la propuesta de quitarle la responsabilidad de presidir la CNDZC y trasladársela al Inifom.
Esto sin contar con el reciente veto, sometido a destiempo por el ejecutivo y sin mayores argumentos, a la Ley del Buró de Convenciones. Nadie nos ha dado, mucho menos el ejecutivo, una explicación racional y convincente, tanto del veto, como del terremoto artificial al que han sido sometidas las estructuras del Intur.
Tenemos derecho a conocerlo, como legisladores y como ciudadanos comunes, porque no puede ser que una institución que preside una de las ramas de la economía nacional que ha demostrado un mayor crecimiento sostenido durante los últimos años, le sea aplicada una medicina tan radical.
Al menos tenemos derecho de conocer cual fue la enfermedad que mereció semejante tratamiento y cómo el nuevo tratamiento va a curarla, sin afectar más al paciente que convalece.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y presidente de la Comisión de Turismo.
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