Según Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el Gobierno de Nicaragua no debe perder las perspectivas de que el waiver de la propiedad sea aprobado por el Gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con los compromisos internacionales, en materia del respeto de la propiedad privada.
“El presidente (inconstitucional) Daniel Ortega expresó el mes pasado la voluntad de restituir los derechos constitucionales y humanos de la ansiada justicia que ha demandado la familia Solórzano (en el caso del laboratorio Solka), el cual hasta el día de hoy lo vemos como una utopía, un populismo hacia la familia, porque miramos una Procuraduría General de la República (PGR) no estar actuando de forma beligerante en este caso”, apuntó Leiva.
Manifestó que este caso podría afectar la decisión sobre el tema del waiver, por lo que el gobierno sandinista debe dar señales a su par estadounidense, que se está respetando el tema de propiedad privada de los ciudadanos norteamericanos, como el caso de Roberto Solórzano.
“A mí no me sorprendería si el waiver no es aprobado. Miremos los antecedentes, en diciembre pasado cuando no se aprobó el beneficio del TPL (sigla en inglés de Nivel de Preferencia Arancelaria, para la industria textil de Nicaragua), así como también el retiro de proyectos de países europeos”, subrayó Leiva.
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