Ocho días después de las afirmaciones del presidente inconstitucional, Daniel Ortega, durante un acto en Niquinohomo, sobre la situación de Laboratorios Solka, los socios de esa empresa esperan que esta vez sí sean indemnizados por el Gobierno.
Son 18 socios los que desde hace siete años esperan una respuesta del Gobierno, luego de que fue intervenida la empresa y nombraron un administrador al margen de los socios mayoritarios.
Con motivo del 120 aniversario del natalicio de Sandino, Ortega dijo: “Tenemos el caso de Solka, una empresa que está ahí. Ahí está un nieto de Sandino dando la batalla”.
Y prosiguió: “Claro que hemos buscado y estamos convencidos que hay que buscar una forma de indemnizar, porque, efectivamente, conforme (a) derecho nos han explicado, conforme la Ley, hay que indemnizar a una buena parte”, reconoció Ortega en esa ocasión, afirmando que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) buscan acuerdos con los reclamantes.
Uno de los socios, Roberto Solórzano, explicó que aún no han sostenido ninguna reunión con algún funcionario del Gobierno.
“Son casi ocho años más o menos, como todo mundo sabe la retardación de la justicia no es justicia, en ese sentido se hizo reclamo porque la retardación de la justicia va en contra de los derechos humanos fundamentales”, dijo Solórzano.
El afectado recordó que en este caso están unos 18, hay socios grandes y pequeños, que no han podido recibir lo que les corresponde.
“Si la justicia se hace no existe ya reclamo ni por la vía judicial ni por la vía de derechos humanos”, explicó Solórzano, tras apuntar que desde 2008 existe un ofrecimiento del Gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de pagar cuatro millones de dólares por la totalidad de las acciones, a dividirse entre 18 socios y hay un ofrecimiento de 1.3 millones de dólares por la propiedad intelectual. Y aunque fue aceptada por los socios nunca concretaron la oferta.
“Habría que indemnizar el daño. No pueden ocho años de perjuicio quedar en el aire (…) retornar la dirección de la empresa por parte de los socios mayoritarios sería bastante complicado, porque ya existen interventores y un apoderamiento de la empresa por parte de los trabajadores. Esta no es una venta voluntaria”, dijo Solórzano.
Antecedentes
En abril pasado, el caso fue denunciado por la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia señalaba que en este caso había incumplimiento de parte del sistema de justicia de Nicaragua, de acatar un amparo admitido a favor de Roberto Solórzano y los socios de esa empresa.
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