El director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que los procesos penales por difamación impulsados por el presidente del poder legislativo de Venezuela, Diosdado Cabello, desnudan tanto el «carácter represivo de régimen» como la existencia de un poder judicial «obediente».
Esos procesos «son un atropello grotesco a la libertad de expresión», subrayó Vivanco en una declaración enviada a Efe por correo electrónico.
Esta semana una jueza venezolana impuso a 22 editores, accionistas y periodistas de tres medios independientes, El Nacional, La Patilla y Tal Cual, la prohibición de salir de Venezuela como medida cautelar en el marco del proceso impulsado por Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN).
La demanda fue porque esos medios reprodujeron una información del diario español ABC en la que, con declaraciones de Leamsy Salazar, que formó parte de los equipos de seguridad de Cabello y hoy está en EE.UU., se decía que la justicia de ese país investiga al presidente de la AN por presuntos nexos con el narcotráfico.
«En vez de responder a información que él considera ofensiva a través de la enorme cantidad de medios oficialistas a su disposición, recurre a unos tribunales abyectos para silenciar las pocas voces críticas que quedan en Venezuela», subrayó el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
El directivo de esta organización de defensa de los derechos humanos destacó que Cabello no solo persigue a quién escribe o publica información que le incomoda sino también a los accionistas de empresas que son dueñas del medio de comunicación.
«Estas acciones tan descaradas demuestran una vez más que el poder judicial es obediente a las órdenes de la dupla (Nicolás) Maduro (presidente de Venezuela)/Cabello y que no hay instituciones independientes capaces de frenar abusos y defender los derechos humanos en Venezuela», agregó.
