La fiscal general Ana Julia Guido considera “ilógico” decir que a Francisco Ponce Sanarrusia lo mataron, si a la vez se está afirmando que se lo llevaron encapuchados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
“Si esta es una persona que todo mundo sabe que fue detenida por dos encapuchados en Rivas, que lo anduvieron por toda la ciudad, que todo mundo lo vio; no tiene lógica que después va a venir a ser ahorcado en las celdas de auxilio judicial”, dijo la funcionaria, quien llegó ayer a la Asamblea Nacional para presentar el informe 2014 de la gestión del Ministerio Público.
El pasado 4 de mayo, la Policía Nacional emitió un comunicado donde informó que el domingo 3 de mayo, en horas de la madrugada, fue encontrado el cadáver de Ponce suspendido del techo de una celda de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), con características de ahorcamiento y lo que finalmente fue considerado un suicidio.
Sin embargo, los familiares de Ponce no creen en esta versión de la Policía, porque el cuerpo presentaba marcas de golpes, por lo cual creen que fue torturado.
Sin embargo, Guido solo acepta lo que dijo la Policía Nacional, de que fue “asfixia mecánica por ahorcamiento”.
“NO SOLO AQUÍ SUCEDE”
La fiscal argumentó que Nicaragua no es el único país de la región centroamericana donde los reos se suicidan, mencionando que en Costa Rica también hubo dos suicidios en cárceles, en el primer trimestre de este año.
“No es una cosa que no suceda, puede suceder, en cualquier país del mundo sucede… por diferentes circunstancias puede suceder, no es algo normal, no lo podemos ver como algo normal, pero es algo que sucede”, redundó la fiscal al defender la versión del suicidio.
Guido también cree que las denuncias de torturas en las celdas de la DAJ son rumores.
Ante los cuestionamientos de los diputados de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) sobre el caso de los jóvenes del movimiento #OcupaInss, quienes fueron robados y agredidos en junio de 2013, la fiscal dijo que “esta es una investigación no concluyente, es una investigación donde han habido avances, pero no está esclarecido totalmente, no se puede tener todavía identificada a las personas y por lo tanto nosotros no podemos ser irresponsables de imputar cargos cuando no hay una identificación clara de las personas que estuvieron en ese lugar”, dijo la fiscal general, en referencia a los responsables de la agresión y robo que sufrieron este grupo de jóvenes, quienes al momento de ser agredidos respaldaban la causa de demandar la pensión reducida de vejez.
CASO MONTEALEGRE
El Ministerio Público pidió este lunes al juez que lleva el caso de Álvaro Montealegre, que se programe la fecha del juicio de este acusado y se cambie la medida de arresto domiciliar a prisión preventiva.
La representante legal de Montealegre en los casos laborales, Helga Asher, opinó en calidad de abogada que lo que debería demandar la fiscal general es agilizar el juicio, pero explicó que el mismo Ministerio Público ha paralizado el proceso. Además consideró sin sentido mandar a prisión preventiva a Montealegre, porque igual ha estado prisionero en su casa casi dos años.
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