Establecer por ley que los guardas de seguridad privada sean “auxiliares” de la Policía Nacional es un tema que aún sigue siendo motivo de discusión en la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, a la cual le corresponde dictaminar un proyecto de Ley de Seguridad Privada.
El vicepresidente de la Comisión de Gobernación, diputado sandinista Filiberto Rodríguez, defendió la atribución de “auxiliar”, explicando que “actualmente la seguridad privada tiene carácter de auxilio frente a la seguridad pública”, debido a que todo este tiempo la Policía Nacional ha sido rectora de la seguridad privada. “Hay un vínculo entre la Policía Nacional, entre el modelo policial y la seguridad privada, por tanto se convierte en auxiliar de la Policía sin descuidar los objetivos y los ámbitos de competencia de cada uno de los miembros que ejercen seguridad privada”, manifestó el diputado Rodríguez.
Sin embargo, el diputado de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Raúl Herrera, considera que la función de un guarda de seguridad no debe incluir la atribución de ser “auxiliar” de la Policía, porque su prioridad es el trabajo por el que le pagan. Herrera también explicó, por ejemplo, que la responsabilidad de “auxiliar” a la Policía ante la comisión de un delito la tienen todos ciudadanos y no debe ser obligación impuesta a un guarda de seguridad, por su condición laboral.
“Todos los nicaragüenses tenemos la obligación y el deber de colaborar con la Policía, si nosotros sabemos que se va a cometer un delito, es nuestra obligación avisar a la Policía. Igual el guarda de seguridad tiene la responsabilidad de coadyuvar con la Policía cuando sea testigo o presencie algún delito, pero no le podemos venir a decir que su función es auxiliar, porque su deber es cuidar la integridad física de una persona o de una familia (en casos específicos)”, dijo el diputado Herrera.
Control ciudadano
El diputado opositor Eliseo Núñez Morales había señalado el año pasado que el proyecto de Ley de Seguridad Privada legaliza el control de la Policía y Ejército sobre la ciudadanía.
Núñez explicó que esta iniciativa establece oficialmente que los guardas de seguridad tienen que trasladar toda la información recogida a la Policía Nacional y al Ejército, lo que para Núñez implica “control total de los movimientos ciudadanos”, al estilo de la seguridad rusa o cubana.
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