La Cámara de Comercio Nicaragüense Americana (NACC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, emitió un comunicado en el que condena el atropello que cometió el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, contra la propiedad y los derechos humanos del empresario Milton Arcia, durante la pasada de Semana Santa.
El gobierno de Ortega ordenó la demolición de un edificio de dos plantas (en construcción), donde el transportista acuático Milton Arcia, construía un hotel en el muelle de Moyogalpa, en la paradisíaca isla de Ometepe, valorado en siete millones de dólares. Además detuvo al empresario que fue arrastrado semidesnudo en la vía pública.
El gobierno de Ortega no respetó el acuerdo con Arcia, a quien le habían otorgado escritura pública por la propiedad del muelle de Moyogalpa.
Ante esos hechos la NACC “condena de manera enérgica el atropello a los derechos humanos y civiles del Señor Milton Arcia Marín. Este es un atropello a los derechos y garantías a la propiedad privada que la Constitución y Leyes de Nicaragua otorgan a los ciudadanos nicaragüenses y extranjeros”.
En el comunicado hacen un llamado al gobierno detener la política de intervención y expropiaciones que promueve el gobierno sandinista desde el 2007. “Urgimos a las autoridades de Nicaragua a cambiar su ruta y poner fin a estas intervenciones recurrentes”.
Al mismo tiempo, los agremiados a la organización empresarial instan al gobierno de Estados Unidos y el gobierno estatal de la Florida, proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses que han sido afectados por el régimen de Daniel Ortega.
“Para que en el caso de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, se aseguren que sus derechos sean respetados o restituidos antes que el Gobierno de Estados Unidos extienda la dispensa a la aplicación de la Ley Helms-Burton, conocido como el «Waiver». El término del Waiver vence el 15 de julio del 2015, y será sometido a una nueva aprobación.
El Waiver de la propiedad es la dispensa que otorga el Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, que impide al congreso bloquear durante un año la ayuda bilateral a aquellos países en donde sus ciudadanos han sido afectados y no han sido indemnizados adecuada y efectivamente por sus reclamos de propiedad.
Dentro los miembros de la NACC, se encuentran socios de Laboratorios Solka, S.A. la primera empresa privada confiscada por Ortega tras su retorno al poder en el 2007.
Hasta hoy los socios de la Solka, la mayoría con nacionalidad estadounidense, no han sido compensados por el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega.
Lylle Araya, vicepresidente de la NACC, dijo que el comunicado fue enviado a los senadores Bob Corker, Bill Nelson, Marco Rubio, postulante en el partido Republicano para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, y la Congresista Ileana Ros-Lehtinen. Araya explicó que el propósito es informar sobre las violaciones a los derechos humanos y la propiedad privada que comete el régimen sandinista.
Ortega reveló en diciembre del 2014 que Rubio y Ros-Lehtinen forman parte de una lista de extranjeros que no pueden entrar a Nicaragua, en reciprocidad a las restricciones migratorias que Washington impuso a varios funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.
La NACC está asociada a cámaras en Nicaragua como CADIN, y organizaciones empresariales en la Florida como la CAMACOL, que aglutina a miles de empresas.
