“¿Dónde están los cinco millones de dólares?”, reclamó el diputado de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Luis Callejas, quien denunció la falta de transparencia en el destino del dinero que es cobrado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) por los trámites de cedulación y certificados de nacimiento y que se aproxima a esa cantidad según el Presupuesto General de la República 2015.
Según el programa de cedulación del CSE entre reposición y renovación de los documentos de identidad el poder electoral se proyecta unas 320,468 emisiones de cédulas, las cuales al tener un costo de trescientos córdobas en su único formato suman la cantidad de 96,140,400 córdobas.
Sumado a lo anterior está la proyección en la emisión de 250,000 certificados de nacimiento, los que al costar 120 córdobas cada uno, suman treinta millones de córdobas, creando un total de 126,140,400 córdobas, cantidad que al dolarizarla resulta en 4.6 millones de dólares.
“Nosotros sabemos que el Consejo Supremo Electoral está presidido por una banda de delincuentes electorales, hay que investigar si esa delincuencia electoral también está involucrada en otro tipo de delincuencia. ¿Por qué no sale (el dinero cobrado por trámites en el CSE) en el Presupuesto General de la República?”, manifestó ante LA PRENSA, Callejas.
VIOLATORIO A LA LEY
La Ley de la Administración Financiera y del Régimen Presupuestario (Ley 550), la cual está vigente desde agosto de 2005, establece en el artículo 57, sobre cobro por servicios de las instituciones públicas, que “todas las instituciones y entidades del sector público comprendidas en el Presupuesto General de la República, que legalmente recaudan o perciben ingresos a su nombre o nombre del Estado nicaragüense, en concepto de aprovechamiento, concesiones, derechos, licencias, matrículas, multas, recargos o cualquier tipo de tributo y/o servicios administrativos, deberán enterarlos en las cuentas que en conjunto se designen al efecto con la Dirección General de Tesorería General de la República”.
Contrario a lo que dicta la ley, según Callejas en las cuentas con destino específico del Presupuesto 2015 no aparece el dinero que el CSE cobra por la emisión de cédulas y el proveniente de los trámites de partidas de nacimiento, señalando que se están “desviando” a una cuenta del propio CSE, la cual no es regulada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Eso es claramente una desviación de fondos y tienen (los magistrados del CSE) que corregir y obviamente la Contraloría debería investigar qué se ha hecho con ese dinero, dónde está ese dinero que ya tiene años de estarse canalizando por caminos oscuros y no los adecuados”, reprochó Callejas.
CONTRALORÍA Y HACIENDA DEBEN PRONUNCIARSE
Para Callejas, al ser la Contraloría General de la República (CGR) la institución que tiene la responsabilidad de velar por el dinero público y es el Ministerio de Hacienda el que debe llevar el control de todos los servicios que brindan las instituciones del Estado y se trasladan a cuentas con destino específico, son ambas instancias las que deben “obligar” al CSE a que rinda cuenta por los casi cinco millones de dólares que cobrarán por trámites en 2015.
Callejas destacó que, para empeorar la situación, el Presupuesto 2015 destina además de lo que se embolsa el CSE con el negocio de las cédulas, más de 305 millones de córdobas y dentro de la cifra más de cien millones destinados a cedulación y padrón electoral.
Mecanismo de colecta
Luis Callejas, diputado de la Bapli, explicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y de Auditoría (Sigfa), es el único que puede tener control de todos los ingresos y egresos que tienen las instituciones que cobran por trámites.
“Si la Policía pone una multa no va a parar a una cuenta que abrió alguien en la Policía. Va a parar a una cuenta del Ministerio de Hacienda (rentas con destino específico) y luego retorna ese dinero a la institución que prestó el servicio o cobró la multa, eso es para dar transparencia”, ejemplificó Callejas.
Recibo fiscal
El artículo 57 de la Ley 550 también señala que el cobro de cualquier tipo de servicio que se realice en las instituciones estatales deberá hacerse mediante recibo fiscal y dicho cobro deberá de tener un fundamento legal para lo cual deberá abocarse con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Si no cumple esos requisitos, ninguna persona está obligada a pagar dichos cobros y los funcionarios que lo ordenaren incurrirán en delito”.
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