Un nuevo “objetivo” encontró el Gobierno para afectar al empresario Milton Arcia. Por un lado la Empresa Portuaria Nacional (EPN) le abrió una causa legal en los juzgados de Granada, por supuesta nulidad de la escritura pública del Astillero El Diamante, en esa localidad. Y por otra, el departamento de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de esa ciudad inició una causa administrativa por la construcción de una rampa a orillas del lago.
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Arcia consideró que ambos casos son parte de las pretensiones del Gobierno por despojarlo de sus bienes y se suma a los hechos ocurridos anteriormente, el más reciente la demolición del hotel en construcción en Moyogalpa, el 3 de abril, que después fue declarado de utilidad pública por la Procuraduría General de la República (PGR).
ADQUIRIDA LEGALMENTE
El predio por el que ahora deberá responder ante los tribunales el empresario, es parte de una propiedad confiscada a la familia Somoza y entregada a la entonces Empresa Nacional de Puertos (Enap) en 1996, que luego desmembró y vendió a una empresa agroindustrial que empezó a procesar arroz y luego fracasó, recordó Arcia.
En ese entonces —precisó el afectado— él adquirió legalmente el terreno. “Ahora nos dicen que la escritura es nula”, denunció el empresario quien señaló que este nuevo proceso es una forma de “distraerme” y evitar que continúe sus reclamos por la expropiación que fue víctima en Moyogalpa.
El Astillero El Diamante es el sitio donde Arcia repara y construye sus barcos, y apuntó que esto confirma lo que él ha dicho anteriormente que en el país “no hay ley” y que las escrituras “son papel mojado”.
La EPN le abrió a Arcia juicio de nulidad de la escritura número 26 de compra venta de propiedad, efectuada a las 10:40 a.m. del 15 de octubre de 1996, elaborada por el doctor Róger Iván Villavicencio Tapia y está vinculada al Astillero El Diamante.
El documento se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles. Esta fue la base para elaborar la escritura pública número 4, de la compra y venta de inmueble en 2001 por parte de Arcia a la Asociación Industrial El Diamante, expresó el abogado y secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, una de las organizaciones que brinda acompañamiento al perjudicado.
La escritura 4, compra venta de bien inmueble, inscrita el 21 de febrero de 2001, aparentemente tiene sus linderos bien definidos, apuntó Leiva, quien consideró que la nueva acción del Gobierno “evidencia la utilización de las instituciones públicas del Estado, al igual que sus funcionarios, para violentar una vez más el tema de la propiedad privada de este ciudadano”.
“¿ Cómo es que el Estado, después de 14 años de haber adquirido este ciudadano, viene a decir que está violentando una ley municipal? Esas son las cosas que no cuadran”, dice Leiva.
Un planteamiento similar hizo el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien cuestionó que de ser cierto lo alegado por el Gobierno, “¿por qué hasta ahora se percataron?” de que Arcia contaba con una escritura nula.
Recordó Carrión que desde el período constitucional de Daniel Ortega, en 2007, su gobierno “comenzó a cobrar cuentas y a pasar cuentas…. ¿por qué no se la cobraron (a Arcia) desde hace tiempo?”
“Si fuera incluso cierto (que la escritura es nula) y se lo tenían guardado, ahora le han declarado con hechos concretos la guerra, para tener a un ciudadano con muerte cívica. A ese ciudadano prácticamente lo están desterrando de su propio país, porque (le ha caído) toda la maquinaria con terror del Estado, con todo el poder y el abuso del poder”, indicó Carrión.
Paralelo a la acción judicial la dirección de Planificación de la Alcaldía de Granada ha citado a Arcia a presentarse en un término de 24 horas, para aclarar lo referente a la rampa que supuestamente construyó sin permiso.
Sin embargo, Arcia apuntó que cuando él compró esa propiedad lo único que hizo fue repararla.
¿POR QUÉ TANTO ODIO?
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, expresó que en este caso la pregunta que se hacen es: “¿Por qué tanto odio… tanta represión?” contra Milton Arcia.
Carmona estimó que las acciones contra Arcia pueden estar relacionadas con que este ha reiterado “que es un liberal somocista”.
Carmona recordó que contra el empresario ha sido notorio el abuso y maltrato policial y la falta del Estado de derecho, desde el desalojo de la propiedad en El Malecón, así como en Moyogalpa. Carmona estima que también es un mensaje para otros empresarios.
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