La Ley 690, Ley Para el Desarrollo de las Zonas Costeras, es para el exdiputado Agustín Jarquín el principal asidero que tiene el empresario Milton Arcia para reclamar al Gobierno por los daños causados.
De esta manera, Jarquín contradice las justificaciones esgrimidas por funcionarios del Gobierno para explicar la demolición del hotel en construcción en Moyogalpa, el Viernes Santo.
“A mí me sorprendieron las declaraciones que han hecho porque he visto a varios asesores del Gobierno, diputados y otros funcionarios (diciendo) ‘es que la Ley de Costas les prohíbe’. No, no, o sea, la Ley de Costad no solamente no dice eso, dice todo lo contrario, más bien lo ampara, lo protege (a Arcia)”, dijo el exparlamentario.
Jarquín —a quien el partido de gobierno le arrebató la curul el año pasado— recuerda que en las discusiones de la Ley 690, los artículos 62 y 63 representan la forma más acertada encontrada para proteger a empresarios como en el caso de Arcia, que habían construido en sitios costeros y en arriendo por las municipalidades.
“Nos pusimos de acuerdo entre todos, que lo que ya estaba construido o en proceso de construcción así quedaba por imperio de la ley. Para evitar un conflicto porque hubiera sido un conflicto muy grande”, indicó.
Y en eso, dijo Jarquín, estuvieron de acuerdo “unánimemente” toda las bancadas, las diferentes cámaras empresariales y las Alcaldías, “porque todas eran concernidas, o sea interesadas en el tema de la ley”.
Sin embargo, ayer el diputado del partido gobernante, Edwin Castro, dijo: “Lo único que sé y entiendo es que el hotel estaba construido dentro de lo que prohíbe la Ley de Costas”.
A criterio del exparlamentario con la redacción que quedó “se despejaba todo y eso se usó como argumento, el amparo que da el artículo 44 de la Constitución Política al derecho a propiedad y a la inversión”.
“Además que don Milton Arcia tenía digamos un título real y a él se le dio no solo la posesión que la tenía; sino que el dominio pleno, porque antes lo que él tenía era un acuerdo con la Alcaldía local, un arriendo de los famosos arriendos que daban las alcaldías”, agrega Jarquín.
Jarquín se refiere a lo que Arcia ha referido de forma reiterativa que lleva más de diez años construyendo el hotel. En los documentos que ha mostrado públicamente está un acta del Concejo Municipal de Moyogalpa, del 2 de junio de 2005 de una sesión extraordinaria, en la que le extienden el permiso a Arcia para que siga la construcción del hotel. “Haciéndole saber al señor Arcia Marín que debe cumplir estrictamente con las medidas ambientales de Marena”, dice el acta 283 de ese Concejo.
Y 15 días después la delegación del Marena en Rivas le extendió una cédula en la que establece que Arcia cumplió con los requisitos establecidos “y puede continuar con la construcción”.
QUE ESTABLECEN ARTÍCULOS
Para Jarquín el primer párrafo del artículo 62, De las Derogaciones de Normas Jurídicas de la Ley 690 “es categórico”. El mismo indica: “Esta ley no afecta, ni restringe los derechos legalmente adquiridos de propiedad y posesión antes de la entrada en vigencia de ella. Promueve la seguridad jurídica de la inversión, tenencia, uso, goce y usufructo; así como las transacciones y el tráfico inmobiliario que el ordenamiento jurídico nacional garantiza, en base al mandato constitucional del artículo 44”.
Mientras el artículo 63 “De la Posesión por Arriendo”, señala: “Toda persona que tenga posesión por arriendo de un terreno propiedad del Estado o municipal, al vencimiento de este tendrá opción preferencial de concesión. Si tuviese mejoras inmobiliarias inscritas, en el terreno objeto del arriendo, la concesión será automática. Esto no exceptúa el canon establecido para la concesión”.
Es por eso que —apuntó Jarquín—, con el arriendo que Arcia tenía por 25 años por parte de la Alcaldía de Moyogalpa en ese momento de publicada la ley en junio de 2009, “automáticamente se le debía renovar porque él tenía inversiones declaradas… que quiere decir que pagó sus bienes inmuebles (IBI) sobre eso, eso es declarada, porque la autoridad local sabía, porque el IBI es municipal”.
Y es a criterio de Jarquín que antes de que la Procuraduría General de la República (PGR) le entregara a Arcia el pleno dominio, con una escritura, según acuerdos de agosto del año pasado, tras la negociación en compensación del despojo que le hicieron en el Malecón “él estaba cubierto por la Ley de Costas” .
El ingeniero Jarquín explicó que aunque la ley establece la definición de dos áreas, cincuenta metros como zona de uso público y doscientos de uso restringido, eso únicamente es para las costas del mar. Allí en la zona de uso público no puede haber ninguna construcción. En el caso de los lagos y lagunas cratéricas, define solamente una zona de uso público, que es de cinco metros.
Para que se pueda aplicar la ley, el Gobierno tiene que definir a partir de dónde son los cinco metros de la zona pleamar (zona de marea máxima promedio) y hasta ahora Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) no tiene los recursos.
Según Jarquín, solo en algunas zonas donde ha habido desarrollo de nivel alto, ha sido definido y fue impulsado por los mismos inversionistas. Estimó que entre el setenta y el ochenta por ciento de las costas marítimas, no ha sido definido y en lagos, lagunas y lagunas cratéricas, en ninguno se ha definido.
ARCIA ESPERA ACOMPAÑAMIENTO DEL COSEP
Ayer Arcia, acompañado del secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, llegó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y dijo que espera que este le acompañe en las acciones legales que emprenderá contra el Gobierno de Nicaragua para “hacer pagar a quienes resulten culpables de los delitos de destrucción y sabotaje” en contra del patrimonio de su familia.
Ayer la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) se sumó a respaldar a Arcia. “Cadin desaprueba cualquier acción que perjudique el desarrollo, crecimiento y libre funcionalidad del empresariado nacional”, dice en un comunicado.
Mediante un comunicado el domingo pasado, el Cosep consideró “arbitraria e ilegal” la detención de Arcia y la demolición total del hotel que construía en Moyogalpa, en la isla de Ometepe.
Ayer José Adán Aguerri dijo a LA PRENSA que hasta la próxima semana responderá la solicitud de Arcia de que el Cosep le “tutele” en las acciones legales contra el gobierno de Daniel Ortega. Aguerri está en Panamá, en la Cumbre de las Américas.
Cenidh pide investigar
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) remitió ayer una carta a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera, a quien le demanda una investigación sobre la actuación de la Policía el pasado Viernes Santo en Moyogalpa. “El exceso y uso desproporcionado de la fuerza de los agentes policiales amerita una investigación exhaustiva, para establecer las responsabilidades de la cadena de mando que intervinieron en esos bochornosos hechos”, dice el Cenidh a Granera.
Para Arce es “show man”
El asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, dijo desconocer la explicación oficial sobre el caso de Milton Arcia, lo que sabe es que la construcción violaba la Ley de Costas y aunque se le advirtió a Arcia como a él le gusta el show “se tuvo que recurrir a un acto que a mí no me parece que haya sido el mejor” y “me imagino que el Gobierno es su momento a través de sus voceros autorizados dará su versión en el momento oportuno”, afirmó Arce.
Para el funcionario, la acción no da ninguna mala imagen del país por tratarse de un señor “que le gusta el show. Es lo que se llama un ‘show man’ que puede desarrollarse cuando tiene la cooperación de los medios de comunicación”, pero “ya dije que no me parece a mí que haya sido lo mejor”.
Arce además dice que ninguna construcción dura tanto, ya que eso pone en duda la calidad de la obra.
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