Por primera vez desde que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega anunció la aprobación del proyecto del Gran Canal, las organizaciones de la sociedad nicaragüense pudieron decirle a los representantes del Estado que en su afán por construir el Canal han incurrido en una serie de violaciones a los derechos humanos.
Según Ampié, la Policía Nacional abusó de forma extrema en sus funciones al provocar a los protestantes capturados sufrimientos físicos y psicológicos que constituyen actos de tortura.[/doap_box]
En la audiencia pública con motivo del 154 período de sesiones, diez organizaciones del país, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), expusieron como peticionarios todo las violaciones que ha generado este proyecto.
Azahálea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, señaló que la ley del Canal “se aprobó en un apresurado y anómalo proceso legislativo de apenas ocho días y una discusión de tres horas”.
El director del Cenidh, Mauro Ampié, enumeró los derechos que han sido violentados a los nicaragüenses, como el derecho a reunión, libertad individual, a la integridad personal, libertad de expresión, derecho al ambiente y derecho al agua.
Además señalan la no consulta a las comunidades indígenas, a quienes pretenden desplazar de manera forzada y en total serían más de cien mil afectados.
Seis de 13 municipios afectados por la ruta canalera sufrirán división física y política en dos partes, dijo Mónica López, directora de Popol Na y miembro del Grupo Cocibolca, quien además advirtió: “Jurídicamente es inaceptable, ambientalmente irresponsable”. Tras calificar los resultados para el lago Cocibolca como “catastróficos”.
La comisionada Rosa María Ortiz habló sobre la necesidad de la transparencia en los megaproyectos y recordó el impacto que tuvo la presa Itaipú (entre Paraguay y Brasil) sobre la población indígena.
El vocero del Canal, Telémaco Talavera, lo calificó como “una obra amigable”, y alegó que con el Canal lograrán erradicar la pobreza del país, pues promoverá el crecimiento económico y traerá estabilidad macroeconómica.
A su vez, agregó que el proyecto lo han realizado con una amplia información, consulta y participación a nivel nacional e internacional. Anunció que habrá justa indemnización de propiedades, serán negociadas con los afectados y “respetando el marco legal”.
En tanto, Solís le apuntó que en ninguna parte de la ley “se habla de justa compensación”.
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