El gobierno costarricense planea iniciar a finales de mes el reasentamiento de 191 de las 522 familias del Triángulo de Solidaridad, una paupérrima comunidad enclavada al norte de San José, la capital, habitada casi en totalidad por inmigrantes nicaragüenses.
El Ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Rosendo Pujol, explicó que el traslado será para dar inicio a la construcción de una rotonda con puente a desnivel que pasará por una parte del asentamiento, como parte de la apertura de la Circunvalación Norte, una carretera de la periferia de San José que tenía décadas de estar en proyecto.
“Ahí va una carretera muy importante para la ciudad que ha estado atrasada por décadas, la Circunvalación Norte, y de cierta manera es absolutamente indispensable hacer un desalojo involuntario de las familias que están viviendo en el propio trazo de la carretera”, explicó el Ministro.
Contrario a otros desalojos en precarios del país en los cuales la mayoría quedaba a la intemperie, en este las familias recibirán casas donadas por el gobierno a través del MIVAH, bajo la figura legal de bonos solidarios, en proyectos habitacionales dispersos en el país; coincidieron Pujol y Ana Martínez, presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Triángulo de Solidaridad; por lo cual a este proceso se le llama traslado o reasentamiento y no desalojo.
“La Sala Cuarta (Constitucional) ordenó un abordaje integral en el desalojo del Triángulo Solidario y el estado lo está haciendo de esa manera”, explicó Martínez.
Hasta la semana pasada, el MIVAH tenía 19 casas listas, 46 más en construcción y 81 lotes para empezar las edificaciones. Este ministerio destinará unos 4 mil millones de colones para la reubicación (cerca de 8 millones de dólares).
“El proceso de otorgar vivienda en este país es bastante complejo porque son recursos del estado y tenemos que garantizar que sean de extrema necesidad, en este caso es obvio que lo son”, declaró el Ministro.
Según Pujol, el traslado de las 191 familias debe culminarse en Mayo y aquellas que aún no tengan asignadas casas cuando inicie de la construcción de la carretera, previsto para finales de mes, vivirán temporalmente en viviendas hechas de contenedores que se ubicarán a la par del asentamiento, mientras se termina la construcción de las casas.
Parte del atraso para iniciar la apertura de la carretera se debe a los atrasos en este desalojo involuntario. “La reubicación de estas familias no solo es importante para la fase constructiva de la carretera, sino para la de diseño, pues se requieren hacer mediciones topográficas, entre otros estudios iniciales, en esa franja de terreno actualmente ocupada por estas personas”, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en un comunicado.
Triángulo de la Solidaridad se creó hace 14 años sobre un lote baldío que aún pertenece al MOPT, entidad responsable de abrir la carretera que costará 147 millones de dólares.
Martínez recordó que llegaron al sitio por medio de un falso proyecto habitacional que les ofreció un costarricense de nombre Carlos Coronado, quien luego resultó ser un zopilote de vivienda (como en Costa Rica le llaman a este tipo de estafadores), pero antes cada familia le entregó casi mil dólares en aquella época.
“Nos citaba a reuniones en San José, nos quitaba dinero en cuotas, decía que el terreno era suyo y al tiempo nos pidió que fuéramos a construir ranchos porque otros precaristas se querían tomar el terreno. Al tiempo desapareció con el dinero y nos enteramos que el terreno no era suyo, sino del MOPT”, recuerda.
Desde el inicio Triángulo de la Solidaridad es un barrio marginal. Sus ranchos son cubiertos de latas de zinc y restos de madera. En el año 2012 el MIVAH hizo un censo y contabilizó 1,990 personas, quienes viven hacinadas y en condiciones insalubres. El 62% por ciento de ellas son nicaragüenses, aunque Martínez asegura que los originarios de Nicaragua son el 90% porque muchas familias tienen arraigo como hijos nacidos en Costa Rica.
Desde 2006 pende un desalojo sobre esta comunidad. “Cada diciembre nos decían que nos íbamos, era una zozobra terrible”, añade Martínez, quien ahora está satisfecha por la manera en que se realizará el reasentamiento.
El proceso de reubicación inició con el gobierno anterior (Laura Chinchilla, 2010-2014) y lo continúa el actual. Estaba previsto que el traslado comenzara a mediados del año pasado, pero se pospuso para octubre y luego a diciembre. La última fecha es el 28 de este mes.
De acuerdo con Pujol, la política de vivienda en el país que permite darle bonos de viviendas a extranjeros con cédulas de residencia, facilita este traslado. En ese sentido explicó, al igual que Martínez, que se ha hecho un amplio proceso de documentación de nicaragüenses que estaban en condición migratoria irregular, con ayuda de Migración y Extranjería que ha mostrado apertura.
Pujol explica que no todos las familias a trasladar son nicaragüenses, en un intento para evitar críticas de los costarricenses que no ven con buenos ojos este tipo de proyectos.
“Otro aspecto que es una innovación en Costa Rica es que se les está dando opciones de escoger un lugar adonde se van a trasladar”, dijo Pujol. La mayoría de viviendas nuevas se ubicarán en el centro del país, donde las familias tienen sus trabajos y los lugares de destino se mantienen bajo discreción, para evitar rechazo de las comunidades que no quieren en sus barrios a precaristas extranjeros.
