Fernández imputada

«No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, respecto de lo que fue la presentación de Nisman… Observamos una estrategia activa de desestabilización, del golpismo judicial activo». Jorge Capitanich

El fiscal Gerardo Pollicita, quien heredó la denuncia de su fallecido colega Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de iraníes en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, solicitó ayer imputar a la mandataria por esta denuncia.

[doap_box title=»Denuncia de Nisman» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]De acuerdo con la denuncia de Nisman, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la cabeza de un plan delictivo para garantizar la impunidad a los imputados iraníes acusados de ejecutar el atentado contra la mutual judía.

El supuesto plan se puso en práctica en enero de 2011 en una reunión secreta entre Héctor Timerman y su colega iraní Ali Akbar Salehi y se materializó en 2013 con un memorando de cooperación judicial firmado por ambos países.

La maniobra buscaba forzar la caída de las alertas rojas que había emitido Interpol en contra de cinco iraníes, según Nisman, quien basó parte de su denuncia en escuchas telefónicas a allegados del Gobierno. El Gobierno argentino, de acuerdo con el fiscal fallecido, quería restablecer las relaciones con Irán e intercambiar granos por petróleo en un contexto de crisis energética.

Fernández y funcionarios del Gobierno atribuyeron esta denuncia como parte de un complot ideado por un exagente de Inteligencia que fue removido de su cargo en diciembre.

Según la solicitud ante el juez Daniel Rafecas, “para llevar a buen puerto el acuerdo con Irán y lograr la impunidad de los acusados, se hizo creer que se buscaría el consenso de todo el arco político para avanzar en un pacto, pero —en los hechos— se desoyeron las múltiples y extendidas opiniones contrarias” a ese acuerdo.

El oficialismo presentó ayer ante la Justicia documentos “jurídicamente relevantes” para rebatir la denuncia presentada por Nisman, como documentación relacionada con las órdenes de captura internacional de Interpol emitidas contra los sospechosos iraníes, solicitudes de trámites de extradición e información de la Secretaría de Inteligencia, entre otros.

[/doap_box][doap_box title=»Antecedentes » box_color=»#336699″ class=»aside-box»]

85 personas muertas dejó el ataque el 18 de julio de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cuando una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la organización. En 1992, un ataque similar destruyó la embajada israelí en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos. Ningún ataque ha sido esclarecido.

Gerardo Pollicita es fiscal federal desde 2005. Tiene en su haber denuncias contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, esposo de Cristina Fernández, por “asociación ilícita”, que fue luego desechada. También impulsó investigaciones contra los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

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Pollicita pidió al juez Daniel Rafecas imputar a Fernández, a Timerman y dirigentes oficialistas por encubrimiento y, en el caso de los funcionarios, por posible incumplimiento de los deberes que les corresponden.

El diputado oficialista Andrés Larroque, los dirigentes oficialistas Luis D’Elia y Fernando Esteche, un representante de la comunidad iraní en Argentina, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, el exjuez Héctor Luis Yrimia, y el presunto espía “Allan“, y que según Nisman sería Ramón Allan Héctor Bogado, son los otros imputados.

“La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman”, había escrito Nisman, según un fragmento publicado en la web del diario La Nación de Argentina. Nisman presentó la denuncia contra Fernández cuatro días antes de haber sido hallado muerto, con un tiro en la cabeza, en su apartamento el 18 de enero, en circunstancias que son investigadas.

Pollitas resolvió ayer que existen sospechas fundadas e impulsó la investigación. En un “requerimiento de instrucción”, Pollicita dijo que “corresponde introducirse en el análisis de la posible relevancia jurídico penal de los hechos denunciados por el fiscal general Dr. Alberto Nisman, cuya investigación se promueve mediante este acto procesal”.

“Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, según refiere la denuncia, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 incisos 1 y 3, 241 inciso 2 y 248 del Código Penal de la Nación)”, dice Pollicita en su resolución, según retoma el diario Clarín en su sitio web.

A diferencia de Nisman, Pollicita no solicitó que se tome declaración indagatoria a Fernández ni a Timerman, pero ratificó varias de las medidas solicitadas por Nisman y pidió otras nuevas, que no se han dado a conocer por considerarse secreto de sumario.

Rafecas deberá analizar la solicitud de Pollicita y evaluar cuáles serán los siguientes pasos en el proceso penal. El magistrado adelantó el regreso de sus vacaciones para el 18 de febrero. Puede impulsar o desechar algunos de los pedidos del fiscal, y debe resolver si la instrucción la lleva adelante él o Pollicita.

“DESESTABILIZACIÓN”

La denuncia “carece de todo sustento jurídico por inexistencia de delito”, señalaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.

El Gobierno aseguró que una marcha de silencio convocada por fiscales y apoyada por la oposición para el 18 de febrero, cuando se cumple un mes de la muerte de Nisman, se trata de un intento de “desestabilización del sistema democrático”.

“18F. Todos Somos Nisman”, se lee en correos masivos que se han enviado en Argentina y varios países donde hay presencia de embajadas y consulados de este país, para hacer un llamado a la manifestación, según El Clarín.

La oposición celebró la apertura de una investigación contra Fernández. “Estamos en los primeros pasos, pero el hecho de que Pollicita haya decidido abrir el procedimiento judicial es porque analizó que la causa tenía suficientes elementos para arrancar”, dijo la diputada Patricia Bullrich, de Propuesta Republicana (Pro). “Creemos que el memorándum con Irán fue la punta de un iceberg de negociaciones secretas y oscuras”, agregó.

Para el diputado radical Julio Cobos, la noticia “confirma la gravedad institucional” que atraviesa Argentina, al contar con “la presidenta de la Nación imputada y el vicepresidente (Amado Boudou) procesado”.

El abogado penalista Juan José Ávila explicó que el paso de Pollicita se trata del impulso a la investigación sobre el presunto accionar de Fernández. La validez y ponderación de las pruebas se valorarán en el curso de la investigación que Nisman intentó promover y que el dictamen de Pollicita acompaña o avala”.

Ávila, quien fue abogado del centro comunitario judío, cree que la denuncia de Nisman “es seria, consistente y debe ser investigada”.

El analista de opinión pública, Matías Carugati, de la consultora Management & Fit, indicó que aunque es grave “en términos políticos e institucionales” esta imputación no era “algo sorpresivo”. Según el politólogo Rosendo Fraga, “en términos inmediatos la imputación de la presidenta no genera efectos concretos” y destacó la importancia de que se retome la denuncia de Nisman, que había pasado a un segundo plano por la investigación de su muerte.

«Es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática… no tiene ningún valor jurídico». Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, al reaccionar ante la imputación a la mandataria.

MÁS ELEMENTOS DE PRUEBA

Daniel Salcedo, un perito que participó en el nuevo registro en la casa de Nisman, informó ayer que “hay elementos de prueba nuevos, evidencias no tenidas en cuenta”.

“Son evidencias físicas, no puedo dar detalles”, agregó frente al edificio en el que vivió Nisman, en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.

Ayer, la procuradora general Alejandra Gils Carbó informó que los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini reemplazarán a Nisman al frente de la unidad de investigación especial para la causa por el ataque contra la AMIA.

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