Un grupo de trabajadores de la Alcaldía de Granada recurrió a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde denunció que desde hace más de dos años que fueron despedidos la municipalidad se ha negado a acatar sentencias judiciales.
Los denunciantes dijeron que en su mayoría cuentan con sentencia judicial, que para cuatro de ellos ordena reintegro y para el resto el pago de sus prestaciones laborales.
Concepción Vargas Ramos, exasesora legal de la Alcaldía, explicó que unos 15 extrabajadores de 60, que fueron despedidos durante el período mencionado, demandan al Estado el pago de más de 1.4 millones de córdobas, debido a que han agotado las vías judiciales y no hay respuesta de la municipalidad.
Mencionó que la Alcaldía justificó los despidos por exceso de personal, pero casi de inmediato los “corridos” fueron reemplazados. Vargas considera que ha habido “un ensañamiento” en contra de ellos por haber trabajado para la administración de Eulogio Mejía, pues la Alcaldía ha pagado liquidaciones a empleados despedidos con posterioridad a ellos.
El jefe de proyectos de la CPDH, Denis Darce, destacó que entre los despedidos hay personas que cuentan con el fuero sindical. Y pese a que han recurrido a instancias del Estado, como la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, esas autoridades han puesto “oídos sordos ante el clamor de los derechos de estas personas”, señaló Darce.
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