“Como una decisión política por emitir críticas constructivas” calificó ayer el jordano nicaragüense Haitham Naim Abu Shehab el cierre ordenado por Telcor de las operaciones del Canal 29 en banda UHF y retransmitido en el Canal 49 en la señal de la empresa de cable Claro en Chinandega. La tarde de ayer se reportó también la salida del aire del Canal 50 Rey TV, propiedad también de Abu Shehab.
El procedimiento establecido por Telcor para cancelar las frecuencias del empresario jordano nicaragüense Haitham Naim Abu Shehab, de acuerdo con los especialistas consultados por LA PRENSA, violentó los artículos de la Constitución Política contenidos en el Título VI, Capítulo I. Este apartado de la Carta Magna se refiere a la economía nacional, reforma agraria y finanzas públicas y los artículos violentados comprenden específicamente desde el artículo 98 al 105.
Estos artículos se refieren al derecho de la inversión privada y a comercializar y ofrecer servicios en el país.
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Abu Shehab, quien es director y presentador del programa los días lunes En Broma y En Serio, desde el cual hace críticas a la gestión gubernamental, asegura que sus negocios han sido atacados y que también fue despojado de una gasolinera en el sector de Pasocaballos.
Abu Shehab aseguró que es un revolucionario sandinista y que le preocupa el tipo de actitud violenta para cerrar el Canal 29, con el argumento de que tiene una deuda de cuarenta mil córdobas, los cuales debe pagar para renovar la licencia; sin embargo, sostuvo que él hizo un arreglo de pago.
Especialistas en telecomunicaciones consultados por LA PRENSA, quienes solicitaron el anonimato para evitar represalias del Gobierno, explicaron que el proceso de cierre violenta la Ley 200 de Telecomunicaciones y su Reglamento, así como la Constitución Política.
LO QUE ESTABLECE LA LEY 200
En el caso de la Ley 200 esta es clara en que cualquier cancelación de licencia debe pasar por un proceso que implica que se registren tres sanciones graves, para luego proceder a ordenar un cierre de operaciones.
“Incluso, cada sanción grave tiene que ser notificada para que el operador pueda subsanar las faltas. Si no se cumplió con este proceso, entonces se tiene que acudir de amparo porque es un cierre prácticamente confiscatorio”, dijo uno de los especialistas.
En las inmediaciones del mercado central de Chinandega sorprendió a los comerciantes el despliegue policial a partir de las 5:30 p.m. del lunes, con el objetivo de que personal de Telcor entregara el acta de cierre del Canal 29.
Según declaraciones de Abu Shehab, él fue convocado para recibir el acta de cierre y la ocupación de equipos, además de la notificación a Enitel-Claro para sacar del aire a la estación televisiva. Abu Shehab envió al señor Oscar Oviedo, director del canal, para que recibiera a la comisión de Telcor.
Personeros de Telcor ocuparon el transmisor para televisión analógica, que según ellos, al proceder a desconectarlo estaba fuera del aire y en mal estado.
El acta indica que “los equipos descritos quedan en calidad de depósito para responder por los montos en estado de mora que el señor Haitham Naim Abu Shehab tenía al momento de la cancelación de la licencia, así como para asegurar el cumplimiento de dicha cancelación”.
La firma de la notificación a la empresa Enitel Claro corresponde a Orlando José Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, (Telcor). El acta de cierre es firmada por Ana Mercedes Blanco, por parte de Telcor, y por el Canal 29 Oscar Oviedo Mosquera.
BATALLARÁ EN LOS JUZGADOS
La estación televisiva de Canal 29 está ubicada en la zona posterior de la tienda del mismo Abu Shehab, en el costado sureste del mercado central chinandegano.
“El allanamiento muy intimidatorio me tiene alerta, porque Telcor pudo mandar una carta: señor Shehab, cerramos tu frecuencia y punto; pero ayer (el lunes) hubo un allanamiento con la Policía de Chinandega, según conocí de los trabajadores”, declaró el jordano nicaragüense.
Ayer Abu Shehab, quien teme por su seguridad, expresó que ante este atropello introducirá la respectiva demanda judicial para conocer la deuda que le describen.
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