Las pruebas científicas y periciales confirman “a plenitud” que los 43 estudiantes desaparecidos en México el 26 de septiembre fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula a manos de miembros del crimen organizado, dijo este martes 27 de enero el fiscal general, Jesús Murillo.
A partir de 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos, Murillo confirmó que “ha quedado acreditado” de un modo “contundente” que los jóvenes fueron privados de la libertad por policías de Iguala y asesinados, incinerados y arrojados al río San Juan por los criminales.
Esta información fue proporcionada en una conferencia de prensa en la capital mexicana un día después de que se cumplieran cuatro meses de la desaparición de los estudiantes y miles de mexicanos marcharan exigiendo justicia y verdad.
Murillo dijo que los normalistas “fueron muertos en las circunstancias descritas” por los detenidos, ya que las pruebas periciales confirman que fueron quemados en una hoguera que alcanzó los 1.600 grados centígrados, gracias a la combustión de llantas, leña y a la orografía del terreno, de unos 40 metros de profundidad.
El fuego de más de 12 horas hizo que la mayoría de los miles de restos que fueron hallados en bolsas de basura junto al río y en el lugar de la hoguera quedaran tan dañados que no se les puede extraer los datos genéticos para su identificación.
De estos restos, 17 fueron enviados a un laboratorio de Austria “porque eran los que mayor posibilidad tenían de ser identificados”.
Los forenses lograron la identificación solo de uno de los estudiantes, Alexander Mora, bajo métodos rutinarios, por lo que los otros 16 restos van ser sometidos a una técnica más prometedora, pero cuyos resultados tardarán “un buen tiempo”.
Antes de ser incinerados, los estudiantes que llegaron vivos al basurero fueron asesinados -entre 15 y 18 murieron asfixiados-, ya que los dirigentes de Guerreros Unidos creyeron que en el grupo había infiltrados del cartel rival de Los Rojos. En el basurero se encontraron casquillos de bala.
Sin embargo, Murillo aclaró que “en ninguno de los casos de los estudiantes” han “podido determinar si son parte de algún grupo delictivo”.
El fiscal explicó que el caso no está cerrado del todo porque aún hay seis órdenes de aprehensión pendientes, entre ellas la del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, considerada una de las piezas “fundamentales” de lo ocurrido.
En total, hay 99 detenidos por este caso, entre ellos el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y esposa María de los ngeles Moreno, considerados autores intelectuales de los hechos que desencadenaron la tragedia y operadores de Guerreros Unidos.
Según los testigos, Abarca ordenó la noche del 26 de septiembre pasado atacar a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para evitar que arruinaran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 alumnos más fueron detenidos y entregados a miembros de Guerreros Unidos.
