En Nicaragua aumenta el número de empresas que incorporan en sus cláusulas de negocios la mediación y arbitraje como mecanismo para resolver conflictos o controversias con otras compañías. El número se acerca a tres mil empresas, de acuerdo con Alfredo Cuadra, director del Centro de Mediación y Arbitraje (CMA) de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN).
“Es un crecimiento exponencial los últimos cuatro años (coincidiendo con la existencia del CMA), pues antes el número era cero”, refiere Cuadra.
[doap_box title=»Promover y capacitar» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Para José René Orúe, abogado y especialista en arbitraje, entre los retos a nivel regional está la necesidad de promover más el uso de esta herramienta alterna de solución de controversias, y que los abogados, administradores de las empresas y los propios jueces de los Juzgados Civiles tengan mayor capacitación.
Orúe destacó que otro reto es profundizar en que los contratos con el sector público incorporen la cláusula de mediación y arbitraje, tal y como se inició con los proyectos de construcción y de contrataciones administrativas.
Es esencial la capacitación permanente de los abogados del sector público y privado, para que sepan redactar una buena cláusula arbitral en los contratos. Igual de importante para Orúe es la preparación del personal administrativo de la compañía. “Y esencial es fortalecer la alianza con el poder judicial, porque es el gran apoyo del procedimiento arbitral”, dijo.[/doap_box]
Esto conduce a igual crecimiento de los casos de controversias resueltos por medio del arbitraje en el CMA, a entre 10 y 12 en el año.
Durante dos días en Managua se realizó la IV Convención Centroamericana de Centros de Arbitraje, donde especialistas abordaron los avances y retos en el tema.
Cuadra recordó que el arbitraje es un procedimiento para resolver una controversia entre empresas, donde por mutuo acuerdo las partes acuden a un árbitro o a un tribunal para dirimir el caso y la decisión es obligatoria de cumplir.
Se trata de una forma más rápida que acudir ante los tribunales judiciales, pues en seis meses máximo hay una resolución. “La conveniencia más importante es que mantenés la relación comercial, no es un juicio público y dura poco”, destacó el director del CMA.
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