Una iniciativa de ley especial contra la trata de personas, que está a punto de ser discutida por el pleno de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ha abierto una puerta de esperanza a las trabajadoras sexuales en este país, que auguran mayor seguridad y protección.
Aunque el proyecto de ley no fue hecho para ellas y apenas las menciona, las trabajadoras sexuales esperan un futuro mejor cuando la diferencia entre la trata de personas y el trabajo sexual adquiera un rango legal.
Con la Ley de trata, la Policía Nacional estará obligada a perseguir a los delincuentes, a la vez que deberán proteger los derechos de las trabajadoras sexuales, siempre que sea aprobada tal como está, dicen las mujeres. Eludir los viajes a las delegaciones policiales tendrá ventajas adicionales, como el no servir de manera forzada a los agentes, como lo relata una trabajadora sexual en el libro Ni putas ni prostitutas, somos trabajadoras sexuales, publicado recientemente en Nicaragua. El Ministerio de Salud emitió una resolución que obliga a erradicar la discriminación contra las trabajadoras sexuales y darles buena calidad en la atención.
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“Está bien explícito (en el proyecto de ley) lo que es trata de personas y lo que es trabajo sexual”, y eso es para celebrar, dijo a Efe la presidenta de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles Nicaragua (RedTraSex Nicaragua), María Elena Dávila.
Ella explicó que la ley no traerá beneficios económicos para las trabajadoras sexuales, sino en seguridad. Debido a que las trabajadoras sexuales están “en la línea de fuego de la trata de personas”, tal como lo define Dávila, son investigadas como víctimas, pero tratadas como delincuentes por la Policía Nacional, advirtió.
Observó que la iniciativa establece que la trata es un delito “del cual muchas personas se lucran, esclavizan no solamente a mujeres, también a niñas, niños, hombres”.
Hoy en día las dos principales barreras que las trabajadoras sexuales están superando es la del buen trato en los hospitales y centros de salud, y en menor medida la discriminación. “Lo que queremos es que se den cuenta de que nosotras somos mujeres. Tenemos derechos», señaló la presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales. A pesar de eso, solamente el 14 % de las trabajadoras sexuales de toda Nicaragua están organizadas, según los datos de la asociación.
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Mientras en el trabajo sexual “cada compañera pone su precio, tiempo y lugar donde quiere estar” de forma voluntaria, anotó la presidenta de la RedTraSex Nicaragua, que registra 14,486 trabajadoras sexuales en este país.
“No hay nadie que nos obligue a ejercer el trabajo sexual. Lo hacemos por voluntad propia. Somos mujeres mayores de edad, de 18 años hasta 60 y más. No le pertenecemos a nadie. Prestamos un servicio del cual recibimos remuneración económica y resolvemos nuestros problemas”, explicó.
Las trabajadoras sexuales se quejan del trato en las instituciones, principalmente en la Policía Nacional, porque sus agentes no entienden que su ocupación no es ilegal en Nicaragua y tienden a confundirla con el delito de trata de personas.
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