Los 165 millones de jóvenes que viven en Latinoamérica y el Caribe constituyen «oportunidades para transformar el contexto de la región», pero queda trabajo por hacer en materia de derechos sexuales y empleo, dijo el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).
En la presentación regional del informe de Población Mundial 2014 de la ONU, la directora de FPNU en América Latina y el Caribe, Marcela Suazo, puso de relieve los retos a los que la región se enfrenta de cara a su transición demográfica.
Bajo el título «El poder de 1.800 millones: Los adolescentes, los jóvenes y la transformación del futuro», el análisis demuestra «qué podemos hacer y dónde tenemos que poner las inversiones en cada país», para favorecer el desarrollo de la juventud y de la sociedad, apuntó.
A nivel global, los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 24 años constituyen, según el informe, algo menos de un cuarto de la población mundial; de ellos, nueve de cada diez viven en los países menos desarrollados.
Latinoamérica cuenta con 165 millones de jóvenes, y cada país posee unas características demográficas diferentes, resaltó la directora.
Países centroamericanos como Honduras, El Salvador o Nicaragua, a los que se les suman otros como Bolivia, Paraguay y Guyana, presentan una concentración mayor de adolescentes y jóvenes, quienes representan un 30 % o más de su población.
Por el contrario, Cuba, Perú y Jamaica muestran porcentajes que oscilan entre el 10 % y el 19 % y que les asemejan a las cifras predominantes en Europa, Canadá, Australia y Asia Oriental.
Sin embargo, la región tiene que encarar desafíos comunes, como «hacer efectivo el derecho a la salud sexual y reproductiva».
«No logramos hacer que el embarazo adolescente descienda; somos la segunda región del mundo, después del frica subsahariana, con los índices (…) más altos», afirmó Suazo.
«Una niña que tiene un embarazo con menos de 19 años pierde alrededor de dos años de escolaridad, y si regresa a la escuela, pierde al menos un año por cada embarazo subsiguiente», explicó.
«Aquellos países con una mayor cantidad de población joven son los que tienen una menor cantidad de inversión en salud», alertó tras hacer hincapié en el bajo acceso de los adolescentes latinoamericanos a los anticonceptivos.
Hay que asegurar, sostuvo, que los jóvenes de la región cuentan con la «oportunidad de decidir cuándo iniciar una familia» sin que sea su «vía de escape», ya que en los países de menos ingresos «para muchos el hecho de convertirse en padres y madres es un símbolo de estatus social y la posibilidad de salir del contexto en el que viven».
Junto a las barreras sociales se encuentran las económicas.
«La mayor cantidad de jóvenes de la región se colocan hoy en día en el sector informal de la economía; hay una sobrerrepresentación de ellos en el trabajo informal y en el subempleo que no recoge todas las protecciones sociales», explicó a Efe.
Trabajar para asegurar la «oportunidad de la empleabilidad» es la clave en una región en que cada año «hay 10 millones de personas que ingresan en la población económicamente activa».
Ellos «pueden integrarse a la economía productiva de los países, generar ahorro, inversión y fortalecer el desarrollo sostenible», y por ello es importante localizar aquellos focos en los que es necesario ahondar en la inversión para alcanzar el crecimiento.
Asimismo, confió en que la Agenda de Desarrollo Post 2015, en la que se trabaja para tomar el relevo a los Objetivos del Milenio -establecidos en el año 2000-, refleje el papel de los jóvenes como «agentes de cambio».
Una inquietud que compartió el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de México, Juan Carlos Lastiri, añadiendo que los datos del informe suponen un «reto» para el país, frente al problema de la desigualdad.
«Si no incluimos a estos jóvenes en un sistema educativo de calidad, estaremos perdiendo una gran oportunidad y aspectos de inversión productiva», aseguró.
Los jóvenes se han visto, durante mucho tiempo, de «manera negativa», como una «carga económica», pero ahora se toman como «todo lo contrario, como una oportunidad hacia el desarrollo», defendió por su parte el director de la fundación IDEA, Marco Antonio López-Silva.
Los poderes públicos, continuó el titular de la organización civil, deberían dar voz a este sector de la población a través de «políticas participativas», con las que los jóvenes mostraran sus perspectivas y formaran parte de la toma de decisiones.
También es prioritario, defendió López-Silva, ahondar en la calidad de la educación, ya que los jóvenes a veces guardan la percepción de que «lo que están aprendiendo no es lo que se necesita para el mercado del trabajo».
