Supuestamente su motivo fue que días antes de las elecciones presidenciales de ese año ellos habían reclamado la entrega de sus cédulas de identidad. [/doap_box]
En una humilde vivienda de varillas de carrizo cubiertas de barro se reunió la tarde del reciente sábado la familia de Irinea Mejía Cruz, de 67 años, incluyendo a sus hijos José Francisco (Amílcar), de 23, y José Moisés Torres Cruz, de 29, para recordar con una misa la noche del 8 de noviembre del 2011, cuando su esposo y padre, Mercedes Torres Pérez, de 65 años, y sus dos hijos Josué Sael, de 23, y Elmer Torres Cruz, de 39, fueron masacrados por un grupo de simpatizantes del Frente Sandinista que tras las elecciones nacionales de ese año llegaron a la comunidad indígena El Carrizo, en San José de Cusmapa, Madriz, y los asesinaron.
Las heridas y el dolor aún no sanan en esa familia que trata de seguir adelante, a pesar de las adversidades que padecen, porque quienes murieron eran el sostén económico de ese hogar. Los recuerdos tampoco se borran y persiste la inconformidad con la justicia, porque consideran que con la sentencia “irrisoria” para quienes fueron acusados por la masacre solo se burlaron de ellos.
En febrero de 2012, el juez de Somoto, Erick Laguna, dictó una sentencia de tres años de prisión a los principales implicados en la matanza, que incluyó a Jesús Herrera Zepeda, un exsecretario político del Frente Sandinista en esa zona; Elvin de Jesús López, un exjefe policial.
El juez consideró el estado de ebriedad de los autores como un “atenuante” de los asesinatos, un delito que por ley es penado hasta con treinta años de cárcel.
Javier Herrera, dirigente del Partido Liberal Independiente (PLI) en Cusmapa, lamentó que pocos se acordaron de que el pasado sábado se cumplieron tres años de la masacre de los miembros de la familia Torres Cruz, en esa comunidad.
“Esta gente pasa serias dificultades, porque aunque el Gobierno le entrega una pensión de gracia de 5,000 córdobas a doña Irinea, (esta) es insuficiente para ayudar en las necesidades de ocho niños huérfanos que requieren alimentación diaria, ropa y calzado e incluso para asistir a la escuela”, reclamó.
Herrera recordó que la pensión de gracia fue gestionada en la Asamblea Nacional por el diputado del PLI en Madriz, José Armando Herrera Maradiaga. También dijo que hay algunas familias del departamento de Madriz que envían ayuda cuando pueden.
Supuestamente su motivo fue que días antes de las elecciones presidenciales de ese año ellos habían reclamado la entrega de sus cédulas de identidad.
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