La alianza entre el Gobierno y el sector empresarial es un precepto constitucional establecido en el artículo 99 de la Carta Magna, luego de la reforma aprobada el 29 de enero de 2014.
El artículo 99 de la Constitución Política de Nicaragua destaca “la importancia de que el sector privado, cooperativo, asociativo, comunitario y mixto impulsen de manera compartida con el Estado, políticas públicas y privadas que estimulen, fomenten y promuevan un amplio acceso al crédito hacia los sectores rurales y urbanos, a fin de garantizar la democracia económica y social”.
Esta versión de la Constitución fue estrenada con la aprobación de la “reforma parcial” el pasado 29 de enero de 2014, pese a los cuestionamientos de políticos y diputados opositores y también miembros de la sociedad civil.
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Ese recordatorio lo hizo este 24 de septiembre el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, a propósito de quienes cuestionan la incidencia del sector privado en la aprobación de las leyes de Nicaragua.
Gutiérrez dijo: “‘Normalmente’ las leyes son aplicadas a los empresarios, así que ‘lo más lógico’ y ‘correcto’ es que antes de aplicar una ley se debe escuchar lo que tenga que decir el sector privado”.
“Ya la Constitución Política de Nicaragua, como consecuencia de la última reforma, establece claramente que el sector privado y los trabajadores deben ser parte integral de la gestión pública y deben de trabajar con el sector público para la bienandanza del Estado nicaragüense”, dijo Gutiérrez, consultado ayer sobre este tema en la Asamblea Nacional.
“¿QUÉ ES EL GRAN CAPITAL?”
Ante los cuestionamientos de diputados opositores que consideran que la alianza Gobierno-empresa privada solo beneficia a lo que llaman “gran capital”, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, se pregunta a qué llaman “gran capital” y pide a los diputados que señalen cuál empresa específicamente se está beneficiando de la aprobación de las leyes.
“Que nos enseñen una ley donde se esté beneficiando a lo que ellos definen como gran capital y nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a dialogar”, dijo el presidente del Cosep, quien acepta que sí inciden en la aprobación de leyes.
El diputado opositor Víctor Hugo Tinoco fue quien opinó el 23 de septiembre que el Estado ha tenido que acomodar las leyes del país a los acuerdos que hacen con el “gran capital”, y el diputado Carlos Langrand agregó que esto le garantiza la permanencia en el poder al presidente inconstitucional Daniel Ortega.
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