La consulta de reforma a la Ley 766 incluyó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, seguido de las diferentes cámaras de Turismo y representantes de casinos y salas de juego del país.
En primera instancia la iniciativa fue recibida en la Comisión de Turismo, para luego ser enviada a la Comisión Económica.
La iniciativa destaca que se hace necesario trasladar lo relacionado con la regulación de casinos y salas de juegos a una institución más idónea para este tipo de empresas, en alusión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[/doap_box][doap_box title=”Más cuido” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]Através del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Policía Nacional y el Intur, se puede mantener mayor control de los puestos ilegales de tragamonedas que operan en el país, manifestó el diputado Wilfredo Navarro.[/doap_box]
Tras alcanzar un consenso con los representantes de las empresas turísticas y de entretenimiento, en torno a la iniciativa de reforma a la Ley 766, Ley Especial para el Control y Regulación de Casinos y Salas de Juego, la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto en la Asamblea Nacional anunció que la próxima semana tendrá listo el dictamen.
El punto medular de la reforma es traspasar el poder de fiscalización y recepción de tributos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP), dijo el presidente de dicha comisión, Wálmaro Gutiérrez.
El diputado asegura que con este cambio puede percibirse más dinero en las recaudaciones y asegurar fondos para otros sectores sociales.
Gutiérrez manifestó que los 137 millones de córdobas que en promedio generan los casinos y salas de juego en impuestos, puede ser muy poco, comparado a los recursos que mueven anualmente estas empresas.
El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), Leonardo Torres, considera que es mucho más dinero el que genera dicho sector y que eso se debe ver con lupa porque no hay datos.
Según Torres, Cantur apoya la reforma, ya que a su parecer el Intur no cuenta con la capacidad ni tiene los instrumentos suficientes para fiscalizar la actividad.
Por otra parte, Francisco Pérez, representante de pequeñas y medianas salas de juego y casinos, asegura que respaldan la iniciativa de reforma porque no encuentran inconveniente en que sea el Ministerio de Hacienda el ente que los regule.
Estamos acostumbrados a la regulación. Nosotros pagamos impuestos tanto a la Dirección General de Ingresos como a la Alcaldía de Managua y al Intur mismo, así que no observamos ningún inconveniente, indicó Pérez.
Tras el proceso de consulta, la Comisión Económica contabiliza 16 casinos y unas 750 salas de juego en todo el país.
En otro aspecto en que coinciden los empresarios turísticos y diputados es en que las máquinas tragamonedas generan una mala imagen a la industria y según la ley ya no deberían de existir.
Gutiérrez fue enfático en que desde el 2012 las máquinas tragamonedas que están en sitios no autorizados por la Ley, debieron desaparecer. La Ley 766 prohíbe la existencia de máquinas tragamonedas o juegos de mesa en lugares que no sean establecidos para ese fin, además obliga a contar con permisos de operación, que solo será extendido a quienes tengan un mínimo de diez máquinas, por lo cual desaparecerían los pequeños negocios.
Jorge Mayorga, propietario de un local de tragamonedas, afirma que la medida es injusta, ya que ellos no tendrían ningún inconveniente con legalizar y ordenar sus operaciones.
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