Gloria Picón Duarte
Pese a que la Ley Electoral y la Ley de Identificación Ciudadana establecen mecanismos para que el proceso de cedulación sea fiscalizado por las distintas fuerzas políticas, estos no se cumplen y el proceso se maneja en total “oscurantismo”, lo cual permite la entrega partidarizada de la misma y hasta que aparezcan en una letrina como ocurrió en Santa María de Pantasma.
La diputa María Eugenia Sequeira, quien en las últimas elecciones ha sido representante legal de la Alianza Partido Liberal Independiente, asegura que desde que el Frente Sandinista llegó al poder en el 2007 no se volvió a acreditar el fiscal de cedulación como manda la Ley Electoral en el artículo 28.
Según Sequeira, con la manera cómo se entregan las cédulas en Nicaragua, se está violentando el derecho a la identidad de los nicaragüenses, ya que “si no hay cédula no existís, no tenés derecho a hacer trámites comerciales, a hacer trámite bancario, realizar trámite de pasaporte, no solo es el tema electoral, existe un derecho de identidad y se le está quitando el derecho a la gente de ser nicaragüense, se está quitando el derecho a existir, eso es gravísimo”, dijo Sequeira.
Los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado varias prórrogas para extender la vigencia de dicho documento y los ciudadanos que cuentan con su cédula puedan realizar sus trámites y ejercer su derecho al voto en las elecciones. En el 2012 se dijo que de 3,750,000 personas que tenían su documento de identidad, únicamente 500,000 habían cambiado de formato y con eso renovado su vigencia. Es decir más de 3,250,000 tenían que renovarse.
[/doap_box]
Hasta ahora no hay un informe que indique cuántas personas han solicitado su documento de identidad, a cuántas se les ha entregado y cuántas están en trámites, lo único que se sabe es lo que Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha dicho ante los medios de comunicación, donde ha asegurado que el 96 por ciento de la población cuenta con su documento de identidad, sin embargo, en los municipios la historia es otra.
Reynaldo Chavarría, quien fue nombrado en el 2011 como presidente del Consejo Electoral Departamental (CED) de Jinotega y quien dejó el cargo en diciembre pasado, asegura que nunca supo a cuánta gente cedularon en su departamento, ya que la información solo la manejaba el primer miembro del Consejo, un militante sandinista.
DESDE QUE FSLN REGRESÓ AL PODER, NO DA INFORMACIÓN
“Al fiscal de cedulación nunca lo acreditaron (elecciones 2011, 2012, 2014), en otros gobiernos siempre nos mandaban la información de las solicitudes de cédulas y la entrega de las mismas, pero desde que está el gobierno sandinista no entregan nada”, dice Sequeira, quien agrega que en cada proceso han nombrado al fiscal de cedulación, pero el CSE no lo acredita.
El CSE aprobó el 27 de septiembre del 2011 una normativa en la cual indicaba las atribuciones específicas del fiscal de cedulación, no obstante, no acreditó ni suministró ninguna información acerca del proceso de cedulación a los partidos políticos, pese a las denuncias por la entrega de documentos de identidad de manera partidarizada.
En la normativa indicaba el CSE que el fiscal específico de cedulación es quien “fiscaliza las actividades relacionadas con el proceso de cedulación, tanto en la Dirección General de Cedulación como en las Oficinas de Cedulación Departamental, Regional o Municipal”.
Ley Electoral en su artículo 28 establece: “Asimismo tendrán derecho de acreditar fiscales ante las instancias procesadoras de cédulas y las oficinas de cedulación, así como el de recibir la información que soliciten sobre el procesamiento, entrega, anulaciones y reposiciones de cédulas de identidad y documentos supletorios de votación”.
Julio Icaza Gallard, experto en derecho constitucional, había sido designado por la Alianza PLI como el fiscal de cedulación para las elecciones del 2011. Recuerda que solicitó por escrito su acreditación e información sobre el proceso de entrega de cédulas ante el presidente del CSE, Roberto Rivas, pero no tuvo respuesta.
Agrega que también hizo la petición ante el director de cedulación y que incluso, una vez se reunió con él, pero este de entrada le dijo que no podía darle la información solicitada, porque esa era información que estaba en manos del presidente del Consejo.
“Así que el presidente del CSE es el responsable directo de todas las anomalías que han sido denunciadas con el proceso de cedulación”, dijo Icaza Gallard.
INSISTEN EN INSTITUTO INDEPENDIENTE
Tanto la diputada Sequeira como el jurista Icaza Gallard señalan que es necesario que la cedulación sea independizada del CSE a través de un Instituto de Cedulación.
La propuesta de crear un Instituto de Cedulación la han realizado organismos de la sociedad civil, pero además ha sido una recomendación de organismos de observación electoral internacional y de la misma cúpula empresarial de Nicaragua, pero los oficialistas han cerrado las puertas a dicha propuesta alegando que crearía gastos innecesarios.
[imported_image_600x400_1410140004_utilidad de la cedula]
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
