La Constitución Política de Nicaragua establece que el poder electoral tiene la atribución de otorgar la personalidad jurídica a las organizaciones políticas. LA PRENSA / ARCHIVO

Magistrado se quita atribución

El magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) José Luis Villavicencio se distanció de la atribución constitucional de aprobar las personalidades jurídicas a las organizaciones políticas que la soliciten.

Leonor Álvarez

El magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) José Luis Villavicencio se distanció de la atribución constitucional de aprobar las personalidades jurídicas a las organizaciones políticas que la soliciten.

Villavicencio aseguró que es a la Dirección de Atención a Partidos Políticos del CSE que le corresponde tramitar las solicitudes de personalidades jurídicas y, en cambio, los magistrados solo le dan “el visto bueno” a los nuevos partidos.

La Constitución Política le confiere al CSE la atribución de “otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley (artículo 173, numeral 11)”, y aunque no específica que esta labor le corresponde directamente a los magistrados, estos son los responsables de todas las decisiones que tome el CSE.

Además, el numeral cinco del artículo 173 establece que es atribución del CSE “conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que presenten los partidos políticos.

Hasta el momento, Villavicencio asegura que particularmente no tiene conocimiento de alguna solicitud de personalidad jurídica.

El director de Atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña, fue quien inicialmente reveló que iban a otorgar varias personalidades jurídicas sin ofrecer más detalles.

Por su parte, el diputado opositor Luis Callejas luego reveló que el CSE estaba en proceso de otorgar 12 personalidades jurídicas a organizaciones políticas de carácter nacional y cuatro a partidos regionales.

Callejas opinó que la creación de nuevos partidos serviría para otorgar fiscales y miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) a organizaciones aliadas al partido gobernante Frente Sandinista (FSLN), en las próximas elecciones presidenciales.

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