Lucía Navas
Las trabas en los puestos aduaneros serán los temas abordados por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (Fecamco), que se reúne hoy y mañana viernes en Managua.
Aguerri informó que los presidentes de las Cámaras de Comercio de la región tienen previsto un encuentro este jueves por la tarde con el presidente inconstitucional Daniel Ortega. En agenda también está que el asesor de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, les presente el proyecto del Canal Interoceánico.
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En la mesa del presidente inconstitucional Daniel Ortega hay veinte casos de reclamos de empresas contra las autoridades de Aduana, por resistirse esta a cumplir las resoluciones de los tribunales administrativos y judiciales donde le ordenan entregar las mercancías retenidas, devolver millones de dinero en concepto de garantías y en impuestos.
Las cámaras empresariales presionan al Gobierno para que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) deje de retener mercadería cuando esta cumple con los procesos de ley, y sobre todo exigen se acaben las imposiciones de dudas de valor, que terminan causando que las empresas paguen más impuestos.
Los presidentes de la Cámara de Comercio y Servicios, Rosendo Mayorga, y del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), Sergio Argüello, coinciden en que la DGA con estas acciones causa un perjuicio económico a las empresas y con ello a la economía del país.
“Hay un problema generalizado de los importadores… El problema principal es que los valores de las mercancías que se importan no los reconoce la Aduana. Vos durás entre 15 y 20 días en traer la mercadería al país, pero tardás más de un mes en lograr sacarla de las aduanas, por eso presionamos para que Aduana respete los procedimientos y los tiempos de respuestas a los reclamos”, dijo Argüello.
El gremio exige al Gobierno que haga a la Aduana “simplemente cumplir las leyes” y las resoluciones a favor de las empresas de parte del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Les presentamos pruebas a la Presidencia de los casos del TATA y de la Corte Suprema, que simplemente la DGA no obedece”, reclama Mayorga. Señala que debe frenarse a la Inspectoría Aduanera, “quien de forma ilegal retiene la mercadería, porque la ley manda a que si hay duda de valor se revisen en tu almacén fiscal y no llevarlo al de Aduana”.
Mayorga y Argüello insisten en que el daño económico se da cuando el empresario no puede vender la mercadería en la temporada adecuada, y le recordaron al Gobierno que eso no le conviene sobre todo en este momento en que la economía nacional entró en desaceleración.
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