Leonor Álvarez
107 millones 552 mil 297 córdobas fueron reducidos al Ministerio de Salud (Minsa), de los cuales 66 millones 653 mil 577 córdobas corresponden a una reducción al gasto corriente y 40 millones 898 mil 720 córdobas corresponden a gasto capital.
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No es extraño que al Consejo Supremo Electoral (CSE) se le esté quitando menos presupuesto que a otras instituciones, cuando se trata de la institución que le garantiza el poder al gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, opina el diputado opositor Eliseo Núñez Morales.
La reforma a la Ley Anual del Presupuesto General de la República del 2014 (Ley 851) le reduce al poder electoral tres millones 24, 946 córdobas en gasto corriente, mientras que a los ministerios de Salud y Educación se les reduce más de 107 millones a cada uno.
El diputado de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli) afirma que Ortega no basa su poder en votaciones sino en el conteo que hace el CSE a su favor, así que para él no es extraña esta prioridad a una institución cuando ni siquiera estamos en período electoral.
“Esto es un pago mafioso. Ortega es el capo y el Consejo Supremo Electoral es el capitán de la mafia y Ortega se encarga de mantenerle su pago a tiempo”, graficó Núñez.
Pero más allá de los favores políticos que el gobierno orteguista tiene que pagar al CSE, Núñez considera que hay una “falta de orden de prioridades”, porque “todo indica que el gasto social de este país está sustentado en programas asistencialistas y no en los programas de servicio público, que son los programas de Educación y Salud”, expresó Núñez Morales.
Otro elemento a destacar es que la reducción que se le hizo al CSE solo fue al gasto corriente, mientras que la partida que se le redujo a Salud y Educación corresponde al gasto corriente y al gasto capital.
El economista Adelmo Sandino, investigador de Presupuestos Públicos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas (Ieepp), explicó que el gasto corriente corresponde al gasto en sueldos y salarios, que incluyen prestaciones sociales del Estado como empleador; compra de bienes y servicios; intereses y comisiones de la deuda pública; transferencias que incluye subsidios al sector privado.
Y el gasto de capital se refiere a la inversión física o en infraestructura y a las transferencias de capital, que para efectos de Nicaragua son aquellas inversiones efectuadas principalmente por las alcaldías, explicó Sandino.
El economista también explicó que los criterios que se aplican para reducir el presupuesto de una institución se deben a que “si un programa, proyecto u obra está muy atrasado en su ejecución física o financiera, sus créditos presupuestarios (o gasto previsto) podrían ser reasignados a otros gastos considerados prioridad”.
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