No tienen facultad de negociar su propiedad

MARTHA VÁSQUEZ

Entre agosto y septiembre de este año debe estar listo el censo de las propiedades que serán afectadas por la ruta del Gran Canal Interoceánico, afirmó Telémaco Talavera, vocero de la Comisión del Canal, aunque también precisó que aún no están definidos los márgenes del Canal, es decir, no se sabe de cuánto será el área afectada a ambos lados, pero afirma “será lo menos posible”.

“Cuando la ruta del Canal esté técnicamente afinada vamos a tener la lista de las propiedades que quedan sobre la ruta del Canal, para ir a visitar casa a casa y hablar con el dueño, esto será entre agosto y septiembre”, dijo Talavera.

Gonzalo Bermúdez es un finquero de Nueva Guinea, la semana pasada asistió a una “consulta”, donde representantes de la empresa china HKND Group, concesionaria del Gran Canal Interoceánico, y Telémaco Talavera como representante del Gobierno, realizaron una presentación del megaproyecto, pero salió con la misma duda ¿Cuánto le pagarán por su tierra?

PREOCUPA INDEMNIZACIÓN

La inquietud de Bermúdez es compartida por la mayoría de los ciudadanos que tienen propiedades sobre la ruta del Canal (longitud de 278 kilómetros), que inicia en la desembocadura del río Punta Gorda (Caribe) y finalizará en el río Brito, en Rivas (Pacífico). “No queremos arreglar de forma individual porque nos come el Gobierno”, dijo Bermúdez, al ser consultado por LA PRENSA en Nueva Guinea.

HKND Group ha realizado una serie de presentaciones del proyecto canalero, que ellos llaman “consultas”, a pobladores de las comunidades que quedan en el paso del Canal y que serán expropiadas entre ellas comunidades de Rivas, Río San Juan, Nueva Guinea, Bluefields, entre otros.

“El que tenga propiedad sobre la ruta del Canal o quede cerca, debe sentirse beneficiado desde ya, porque hay voluntad política de compensación justa. No habrá precio estándar, porque cada caso es diferente”, expresó Talavera.

Contrario a lo que cree Bermúdez, quien podrá negociar su tierra con el Gobierno, esta será expropiada por la Comisión del Canal, quien obedece las órdenes del concesionario HKND, según el artículo 12 de la Ley 840 o Ley del Gran Canal, donde también establece que el propietario de la tierra no puede oponerse al despojo de su propiedad.

DARÁN TODAS LAS CONDICIONES AL PROYECTO

Alberto Novoa, exprocurador general de la República, dijo que la Ley 840 crea una situación de excepción y su interés es dar todas las condiciones necesarias para que el proyecto se realice.

“No le dan al expropiado ninguna facultad de negociación, solo le imponen. El propietario queda en total indefensión en cuanto a disposición del bien, en cuanto a la indemnización, en cuanto a reclamar su derecho a terceros, a que le fijen de antemano cómo resolver sus disputas con otras personas, o sea prácticamente el poder judicial queda pintado”, recalcó Novoa.

Al respecto, Talavera dijo que no están haciendo una aplicación “fría de la ley, sino que vamos a ir a tocar la puerta de cada afectado y conversar con ellos”.

Sobre la entrega de la propiedad libre de gravamen al concesionario, a como lo contempla el Acuerdo Marco de Concesión del Canal (es decir la ocupará libre de carga como hipoteca o prenda), para Novoa es contradictorio porque no se sabe en qué estado está la propiedad o si hay litigios por ella.

“Hay quienes no tienen título ni escritura, otras tienen anotaciones vivas por demandas, hay litigios entre particulares, entonces ¿cómo quedará ese derecho?, se preguntó el exprocurador.

Sin embargo, Talavera dijo que no hay que “adelantarse a los acontecimientos” porque primero deben saber cuáles son las áreas afectadas.

“PODER JUDICIAL PINTADO”

Para Novoa los jueces de distrito serán utilizados para emitir órdenes de desalojo, porque las partes no llegarán a discutir nada. “Puede apelar pero no impedirá que HKND tome la propiedad, eso es un contrasentido, entonces para qué sirve la apelación, prácticamente es una figura pintada en la pared. No tiene sentido”.

Novoa también criticó que la comisión se vuelve juez, ya que si hay una propiedad indivisa de varios herederos, ella negociará con cada uno y adiós juicio sucesorio o partición de herencia. Cuando haya litigio por la propiedad la comisión solo consignará pago en el juzgado y tomará la propiedad. “Aquí las partes no tienen ni posibilidad de reclamar ni discutir el precio de la propiedad”, dijo el exprocurador.

Sin embargo, Talavera dijo que trabajarán antes de llegar a procesos judiciales . “Ojála no haya ningún caso de esos. Antes de llegar a la parte judicial vamos a hacer el abordaje casa a casa para llegar a un precio justo”, expresó.

EMPRESARIOS QUIERENNEGOCIAR PRECIO

Al respecto, Sylvia R. de Levy, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, expresó que no están de acuerdo con dicho procedimiento de expropiación y que apoyarán a todos los inversionistas nacionales y extranjeros que tienen propiedades sobre la ruta del Canal.

“No estamos de acuerdo con el procedimiento que dice la Ley 840, se le dijo a Bayardo Arce y a Paul Oquist (asesores presidenciales) que la posición del Cosep y Canatur es que hay que ver otros factores a la hora de negociar si llega a haber Canal, que hay que ver la inversión, el lucro cesante, el precio de la propiedad de mercado”, dijo la empresaria.

La presidenta de Canatur recalcó que oponerse al tipo de negociación que aparece en la ley no quiere decir que se están oponiendo a la inversión turística sino al revés. “La necesitamos, es bienvenida, pero no estamos de acuerdo con las normas de negociación de la ley”, enfatizó.

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