Lucía Navas
Los contralores emitirán en los próximos días la resolución de las auditorías que realizaron para aclarar un supuesto fraude cometido por Walter Porras Amador, cuando estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Luis Ángel Montenegro, vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR), dijo a LA PRENSA que “es una auditoría prácticamente concluida”.
“Lo que necesitamos es ultimar los detalles, preparar la resolución jurídica y pasarla al seno del Consejo” para su resolución, afirmó Montenegro.
La auditoría especial es del período 2008-2009 de la gestión de Porras Amador en la DGI, quien fue destituido del cargo en 2011. La Presidencia de la República lo retiró de ese cargo y ordenó una investigación a la Policía Nacional, que reveló una serie de anomalías como la existencia de un bufete de asesores fiscales que se encargaban, mediante cobro de hasta el 25 por ciento en comisiones, de solucionar problemas que la misma DGI provocaba.
La CGR debió resolver sobre el caso a finales de 2011, pero el retraso de dos años y medio el contralor Montenegro lo atribuye a que Porras Amador ha usado argumentos administrativos.
“El señor Porras ha venido solicitando ampliaciones de término para cumplir el debido proceso, eso significa que se ha postergado la auditoría y nosotros tenemos que dar los derechos que establece la ley”, dijo el contralor, quien añadió que los tiempos y trámites se han agotado, por lo cual la CGR solo tiene que resolver con base en los hallazgos de las auditorías “si hubo o no fraude” en este caso.
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