Martha Vásquez
El reloj marca las 8:00 de la mañana. Un hombre menudo de apariencia humilde espera en la sala de audiencia, junto a su abogado, a que baje la juez primero Distrito Penal de Ejecución de Sentencia, Roxana Zapata. Se le ve preocupado, no dice ni una palabra.
Se llama “R. Moncada” (nombre ficticio) y está condenado a seis meses de prisión por amenazas y violencia psicológica leve en perjuicio de su expareja. Su abogado promovió un incidente de suspensión de la ejecución de pena porque se trata de un delito menos grave, cuya pena no supera los cinco años de cárcel.
La suspensión de la pena no es más que una oportunidad que le da el juez para recuperar su libertad a cambio de someterse a ciertas medidas educativas, sociales o de salud por un período de prueba, explicó la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, presidente del Tribunal de Apelaciones Especializado en Violencia.
Ante la petición del abogado del agresor, la fiscal Ruby Ann Lacayo dijo que no se oponía al pedimento, “pero debe someterse a tratamiento psicológico para erradicar ese comportamiento violento”. La judicial dijo que resolvería en cinco días.
CAUSAS EN AUMENTO
Este es uno de los 19,130 casos procesados bajo la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en sus dos años de aplicación desde su entrada en vigencia el 22 de junio del 2012, según datos de la Corte Suprema de Justicia.
- 19,130 casos de delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, han ingresado a los distintos tribunales de justicia del país, desde su entrada en vigencia el 22 de junio de 2012 a junio del 2014.
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La magistrada Alba Luz Ramos dijo que uno de los retos es fortalecer el modelo de atención integral en las Comisarías de la Mujer para que la mujer se sienta protegida y siga denunciando la violencia. “Si una mujer denuncia y luego la llega a retirar, es porque está bajo presión, el funcionario debe comprender y su obligación es actuar independientemente de lo que la mujer diga y darle protección”, dijo Ramos. “Hay que crear centros para rehabilitar al agresor. Actualmente la CSJ ha realizado alianzas con centros de salud y organismos que trabajan con personas dependientes de droga o alcohol, pero en las cárceles no se están tratando”, dijo la magistrada Adda Vanegas, presidenta del tribunal de Apelaciones Especializado en Violencia.
Al menos 46 mujeres han sido asesinadas este año en Nicaragua.
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Durante el primer trimestre del 2013 se registraron 2,455 casos en todos los tribunales del país capacitados para conocer estos delitos, mientras que en el mismo período de este año se reportan 3,915 causas ingresadas, lo que significa un aumento de 1,460 casos. “Este incremento en estadísticas se debe a que se les quitó el temor a las mujeres de denunciar y reclaman su derecho. La ley misma ha venido a visibilizar el problema de la violencia en la sociedad”, dijo Vanegas Ramos.
DELITOS CON MÁS INCIDENCIA
Los delitos más acusados son el incumplimiento de la pensión de alimentos, seguido de la amenaza e intimidación, violencia física y violencia psicológica leve. La mayoría de los procesados están cumpliendo condena, ya que son pocos los casos en que se le concede al agresor la suspensión de la ejecución de la pena, agregó Vanegas. En los seis juzgados de violencia de Managua se han concedido 421 suspensiones de ejecución de la pena entre junio del 2012 y junio del 2014, afirmó Vanegas.
“No se puede permitir la impunidad, porque a medida que se dejen impune los delitos se da un mensaje negativo de que podés seguir ejerciendo violencia. Una cosa es que podás mediar en delitos leves y otra cosa es que permitás la impunidad”, dijo la fiscal.
La funcionaria comentó que escucha decir “que no hay justicia, pero tienen que saber que es una lucha a largo plazo, es un proceso y hemos estado haciendo todo lo que está en nuestras manos para eliminar la violencia en nuestra sociedad y es obligación de todos participar”, recalcó.
Entre los avances, mencionó la creación de 18 juzgados especializados en violencia, un tribunal especial, la capacitación de más de 2,000 funcionarios judiciales, una campaña de prevención, la creación del observatorio de delitos, una clínica de atención a víctimas y una línea telefónica directa para atención a estas.
LA CONTROVERSIA
Sin embargo, durante el primer año de aplicación de la ley fue promovida y aprobada la reforma al artículo 46, mismo que prohibía la mediación en los delitos contemplados en dicha normativa.
La inclusión de la mediación en la ley fue criticada por diversos organismos de mujeres que lo calificaron como un “retroceso” en el avance de la restitución de derechos de las mujeres.
“La mediación vino a deslegitimar la ley, porque las Comisarías preparan el caso para mediar y el juez solo aplica”, criticó Reyna Rodríguez, enlace de la Red de Mujeres Contra la Violencia.
Para Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres, la aplicación de la ley ha quedado solo en una intencionalidad “porque la reforma es un mensaje negativo que debilita la posibilidad de que la ley sea herramienta de cambio”. “Con la inclusión de la mediación minimizan la situación de violencia que viven las mujeres, deja a las mujeres la responsabilidad de salvar sus vidas y el Estado se quita la responsabilidad”, dijo Jiménez.
De acuerdo con datos del poder judicial, de 8,000 casos registrados entre octubre del 2013 (fecha de vigencia de la reforma) a mayo del 2014, se han realizado 580 mediaciones. De estas, 224 corresponden a delitos de intimidación, 236 a delitos de incumplimiento de deberes alimentarios, 76 son de violencia sicológica leve, 25 de violencia física leve, 12 de violencia patrimonial, 6 por violencia doméstica y una por sustracción de hijo.
FEMICIDIOS ACUSADOS
Uno de los delitos novedosos de la Ley 779 es el femicidio, que es la manifestación extrema de violencia hacia la mujer (dar muerte). Este delito se acusa muy poco, porque el agresor se suicida o huye.
En el primer trimestre del 2013 ingresaron 28 casos, pero de estos solo seis fueron consumados el resto quedó en tentativa y femicidio frustrado. Mientras que en el primer trimestre de este año han ingresado 38 femicidios: 21 consumados, 4 en grado de tentativa y 13 frustrados.
La poca efectividad en la captura de los agresores es criticada por los movimientos de mujeres, que consideran que prevalece la impunidad.
LA PRENSA buscó la versión de la Comisaría de la Mujer, pero no hubo respuesta.
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