Leonor Álvarez
Aunque el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro informó que las auditorías en 2013 determinaron 83 presunciones de responsabilidad penal, causando perjuicio económico al Estado por un monto de 21 millones de córdobas, — más 12,900 dólares— no confirmó si estos casos ya fueron trasladados por la Contraloría a la Fiscalía.
Montenegro se limitó a explicar el proceso a grandes rasgos, diciendo que los casos de presunción penal son remitidos a la Fiscalía y esta institución los remite a los Juzgados correspondientes.
El contralor Montenegro presentó el jueves ante el plenario de la Asamblea Nacional el Informe 2013 de la CGR, destacando como novedad las 967 auditorías realizadas en todo el año.
De manera general, el informe revela que la responsabilidad administrativa —en los casos de irregularidades por el mal uso de los recursos del Estado— creció en 180 por ciento respecto al 2012, según el informe anual de la Contraloría General de la República (CGR), que registró 310 casos de responsabilidad administrativa en 2013.
El proceso administrativo de auditoría establece en el artículo 15, sobre “imposición de sanciones”, que “los servidores de los organismos e instituciones del Estado que incurrieren en responsabilidad administrativa serán sancionados por las máximas autoridades o por la Contraloría General de la República (CGR), con multa de uno a seis meses del salario o con la destitución de su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar”.
Montenegro explicó que algunos de los imputados todavía son funcionarios, otros son exfuncionarios, pero no mencionó sus nombres, argumentando que no los tenía a mano.
También, como resultado de la auditoría gubernamental, se comprobó un “daño patrimonial al Estado” hasta por la suma de 32 millones de córdobas (más 21,706 dólares) derivados de las responsabilidades civiles y las presunciones de la responsabilidad penal.
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