Lucía Navas
El próximo 31 de julio expira la representación comercial exclusiva en Nicaragua que la compañía internacional Smith Detection In., con sede en Meryland, Estados Unidos, le otorgó a la empresa panameña Alvimer Internacional SA.
La representación extendida en una carta por la reconocida empresa proveedora de equipos electrónicos, para detección de materiales peligrosos, es el respaldo de los personeros del Gobierno y sus diputados en la Asamblea Nacional para defender la concesión sin licitación a la subsidiaria creada en Nicaragua, Alvimer Internacional y Compañía Limitada, y la validó para obtener y dar mantenimiento a los siete equipos de escáner que serán instalados en los puestos fronterizos aduaneros del país.
¿Smith Detection In extenderá la certificación de representación a Alvimer Internacional SA? Esta pregunta fue de las obviadas por la subdirectora de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Fresialy Centeno, el jueves pasado, durante la consulta sobre la reforma a la Ley de Escáner, que en un par de semanas será aprobada.
SILENCIO SOBRE SOCIOS
Centeno fue cuestionada por los diputados opositores en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, sobre detalles del contrato con Alvimer Internacional y Compañía Limitada, especialmente quiénes son los verdaderos socios detrás de esta empresa que por 20 años tendrán el control del escaneo en las aduanas.
No contestaron ninguna pregunta sobre el origen del contrato ni las especificaciones del mismo, incluido los dueños, aseguró Eliseo Núñez, diputado de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli).
[doap_box title=»Debilidad técnica» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional, no encuentra roce constitucional con la Ley de Escáner por crearse tasas diferenciadas entre la zona franca y el resto de sectores exportadores e importadores, por recibir un mismo servicio.
Explica que es facultad del legislador promover y favorecer con subsidios y exoneraciones fiscales, y precisamente es lo que diferencia a la zona franca, quien en este país tiene un régimen especial de tratamiento.
Anitec y el Cosep argumentaron que cobrar una tasa menor a las empresas de zona franca, es porque el volumen de declaraciones es mayor al del resto de sectores.
En Panamá y El Salvador, donde ya se brinda el servicio de escáner, la tarifa es una. De 18 dólares en El Salvador, y en Panamá se cobra 100 dólares por póliza declarada.
En El Salvador se invirtió 34 millones en la compra de 13 escáner y en Panamá fueron 28.5 millones de dólares por adquirir dos escáner para los puestos aduaneros.[/doap_box]
Núñez sostuvo que incluso el diputado sandinista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, evitó que Centeno respondiera porque le dijo que no tenía que contestar nada sobre las interioridades del contrato, que la consulta se limitaba a las tarifas y los años de la concesión que son reformados en la ley.
En el contrato firmado por el director general de la DGA, Eddy Medrano, aparece como representante de la empresa, José Javier Armijo, de quien solo se conoce que es nicaragüense nacionalizado en Estados Unidos.
La sociedad se creó en Managua el 6 de mayo de 2013, y el 31 de ese mismo mes le fue adjudicada directamente por Medrano la concesión.
La Ley de Concesión del Escáner se aprobó el 13 de junio de 2013 y entró en vigencia el 28 de junio de ese mismo año.
Gutiérrez expresó su desinterés en conocer quiénes son los verdaderos socios de la empresa y limitó su responsabilidad a conocer los términos económicos y financieros de la concesión, de la reforma que propuso a la ley.
Yo sigo creyendo que ahí hay alguien muy cercano a la familia Ortega Murillo a cargo de ese contrato, por eso están ocultando a alguien de muy buenas conexiones, porque es un contrato de mucha ganancia a la empresa, pero oneroso para el Estado, sostiene Núñez.
La reforma a la ley extiende a esta empresa los años de concesión (de 15 a 20 años) y reduce del diez al cinco por ciento lo que recibirá el Gobierno por los fondos recaudados por el servicio.
AL COSEP LE BASTA CON ELIMINAR IMPUESTO
Varios de los presidentes de cámaras miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) e involucrados en la negociación de la reforma a la ley aseguraron desconocer quiénes son los socios de Alvimer y Compañía Limitada.
No sé quién está detrás. Sé que es una compañía la que va a dar el servicio, dijo Rosendo Mayorga, presidente en funciones del Cosep.
¿Conocen de quién es la compañía?, se le insistió.
En ese sentido a mí no me interesa quién está detrás, lo que me interesa es que nos den un buen servicio como nos merecemos, respondió Mayorga, también presidente de la Cámara de Comercio y Servicios.
Espera sí que Aduana respete y cumpla con los resultados de la inspección de la carga una vez pase por el escáner.
Igual piensa Dean García Foster, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), para quien al final lo que nosotros andamos buscando es un servicio eficiente y de calidad. Si este proveedor nos lo da, nosotros no tenemos ningún problema.
OTROS OPINAN POR LICITAR
La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y la Cámara de Agentes Aduaneros y Almacenadores de Nicaragua (Cadaen) son de la opinión que la concesión debió darse conforme un proceso de licitación.
Azucena Castillo, gerente general de APEN, dijo que la licitación permitiría la participación de varios proveedores que existen en el mercado y elegir al de mejor oferta. Esto para ella se traduciría en tasas menores a pagar por el servicio.
Nos queda el sabor que pudo haber sido más barato, pudo haberse cotizado entre más suplidores, mayor transparencia en ese sentido, dijo Castillo.
Cree que al ser una necesidad que existan los escáner en las aduanas para elevar el nivel de seguridad del paso en los países de Centroamérica, lo conveniente era que los gobiernos se pusieran de acuerdo en hacer una compra conjunta de los equipos.
En cada país se está invirtiendo entre 22 millones y 34 millones de dólares para instalar los escáner en las aduanas.
Castillo opinó que se pudo obtener fondos de la cooperación internacional para el sistema de escáner aduanero, y aprovechar dar un impulso a la integración centroamericana.
Igual el mantenimiento, la reparación, la instalación (de los equipos) y el entrenamiento (al personal) hubiese sido más barato para los países, dijo.
Para Mayorga el cuestionar la falta de licitación un año después de haberse aprobado la Ley del Escáner no tiene sentido. Mientras, García dice que ese es un proceso en el cual el Gobierno se vio involucrado, supuestamente, lo que nos dijeron, es que ese procedimiento fue a través de la ley.
CONFORMES CON LAS TASAS
Satisface a los empresarios que la reforma a la Ley de Escáner elimina el impuesto del 0.26 por ciento al valor total de la declaración de la mercancía, y se hace compatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio.
En cambio se crea tasas diferenciadas por Servicio de Seguridad Aduanera (SSA). Mayorga afirmó que las tarifas fueron totalmente consensuadas a través del Cosep en la negociación con el Gobierno.
García, de Anitec, por su parte afirma: Fue una tarifa negociada con nosotros, puesto que garantiza una rentabilidad del proyecto y también un precio no muy alto para las empresas de zona franca.
Se cobrará 70 dólares por declaración aduanera superior a los 2,000 dólares exportada o importada. Y veinte dólares por las declaraciones entre 500.1 y 2,000 dólares.
La tasa en la zona franca será de 35 dólares a cada vehículo de carga que ingrese o salga por aduana terrestre o marítima con mercancía superior o igual a los 2,000 dólares, y 25 dólares por la carga con similar valor que pase por aduana aérea.
Estos costos, el diputado Gutiérrez y el Cosep dijeron que se basan en cálculos técnicos de lo que cuesta brindar el servicio conforme el volumen de declaraciones aduaneras por año en Nicaragua, que andan en unas 300 mil.
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