Elízabeth Romero
Existe un incremento en la vulnerabilidad de la población en las Regiones Autónomas del Atlántico nicaragüense al delito de la trata de personas, revela el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de persona.
En una traducción no oficial, el mismo indica que las niñas de las comunidades de esa región son sujetas a trata con fines de explotación sexual. Apunta que esto ocurre debido a la falta de instituciones fuertes, los altos índices de crimen y la presencia del tráfico de drogas.
Y aunque el informe reconoce que el Gobierno cumple con los estándares mínimos requeridos para la erradicación de la trata de personas, también dice que Nicaragua es principalmente un punto de origen y tránsito para la trata de hombres, mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral.
Las mujeres y niños nicaragüenses están sujetos a la explotación sexual dentro del país y en países vecinos, con mayor frecuencia América Central, México y Estados Unidos.
Las víctimas de trata son reclutadas en las áreas rurales para el trabajo forzado en localidades urbanas, particularmente en Managua, Granada y San Juan del Sur, y posteriormente obligadas a prostituirse.
El informe también alerta que Managua, Granada, Estelí, y San Juan del Sur son destinos para turistas de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, algunos de los cuales se dedican a la explotación sexual comercial de niños nicaragüenses.
El Departamento de Estado recomienda a Nicaragua asegurar que las víctimas identificadas dentro del país y repatriadas reciban atención apropiada; brindar suficiente financiamiento para los servicios especializados para la atención de víctimas de trata, así como para las unidades especializadas contra la trata de la Policía Nacional.
A la vez aconseja incrementar la capacitación y los recursos tanto económico como humano con el fin de incrementar la identificación de víctimas y la asistencia a estas, particularmente en las Regiones Autónomas. Así como continuar los esfuerzos de investigación y enjuiciamiento de todas las formas de trata humana y las condenas contra los infractores de la ley.
También Estados Unidos recomienda al Gobierno establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales para garantizar que las víctimas reciban asistencia en el largo plazo, así como servicios de reinserción.
