Elízabeth Romero
La Policía y la Fiscalía están en entredicho a un año de la agresión y robo a los jóvenes organizados en el movimiento #OcupaINSS. El caso sigue impune.
La denuncia no prosperó ni en la Policía ni en la Fiscalía pese a que el ataque ocurrió el 22 de junio de 2013. A la vista de varios agentes, hubo agresión y robo de una gran cantidad de bienes, entre los que destacan siete vehículos. El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, lo considera símbolo de impunidad.
Además de ser un símbolo de impunidad, también representa el temor que tiene el partido de Gobierno a este tipo de movimientos sociales, indicó Carrión.
Para Azahálea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), el 22 de junio fue el preámbulo a la ley de la Policía que hoy discuten en la Asamblea Nacional, así como a la desvergüenza total por parte de esa institución.
Por este caso, el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha sido denunciado internacionalmente.
El 29 de octubre del año pasado, durante el 149 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, denunció el excesivo uso de la fuerza policial y la impunidad, pero el representante del Estado de Nicaragua, Luis Alvarado, lo calificó como una falacia.
¿En qué país del mundo una Policía va a controlar a grupos que llegan a subvertir el orden sobre todo en protesta, como fue la de los ancianos?, dijo Alvarado en la CIDH.
El caso también fue presentado por el Cenidh junto a otras organizaciones en un informe alterno a propósito del segundo Examen Periódico Universal (EPU), al que fue sometido Nicaragua el 7 de mayo pasado ante el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra.
La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, a cargo de la delegación en Ginebra en ese momento, negó que en el país haya casos pendientes con la justicia, pero se negó a comentar qué pasó con los siete vehículos robados a los jóvenes de #OcupaINSS.
SEÑALAN A FUERZAS PARA ESTATALES
En el informe alterno las organizaciones resumen que fuerzas paraestatales fueron trasladas en camiones de la Alcaldía de Managua hasta las cercanías del Seguro Social para desalojar a unos 50 jóvenes, que respaldaban a los adultos mayores en su protesta por una pensión reducida.
Los jóvenes que solo estaban mostrando su solidaridad hacia los adultos mayores fueron agredidos brutalmente, les intimidaron con palos y martillos, amenazaron a algunas jóvenes con violarlas y les robaron siete vehículos y muchos bienes personales, indica parte del informe.
A las organizaciones que suscribimos el presente nos alarma que la Policía pierda toda capacidad de cumplir su deber esclareciendo los delitos en contra de los ciudadanos sin distinciones fundadas en la simpatía política, dice el documento que circuló en Ginebra.
PARTE DEL TERRORISMO
Solís dice que el 22 de junio ocurrió una de las cosas más insólitas, pues la Policía fue parte del terrorismo y del abuso. No ha habido ninguna investigación a las agresiones de este tipo (y ahora) a la Policía más bien le han dado una ley que es un arma del presidente inconstitucional que tenemos, señaló Solís.
Lo que tenemos es la demostración de un Estado mafioso, dijo Solís, quien criticó que la Policía no investiga, la Fiscalía bolea y la Procuraduría de Derechos Humanos tampoco hace nada cuando allí hubo una flagrante violación de derechos humanos.
Además, Solís considera que desde el 2008 la Policía ya se había desvirtuado y resumió una serie de hechos ocurridos en el país y que también están impunes desde esas fechas.
Carrión, quien coincide con Solís en que hay una serie de hechos pendientes de investigación, señaló que por su brutalidad, el caso de #OcupaINSS fue una acción que tuvo características de terror, donde en la escena del crimen estuvieron fuerzas de la Policía, que por mandato constitucional está destinada a prevenir el delito.
Por haber sido organizada la agresión con recursos del Estado se resume en un crimen de Estado, afirmó el defensor de derechos humanos , para quien no es extraño que a un año el caso esté en impunidad, pues si se hubiera aplicado la ley estuvieran detenidos decenas de miembros de las fuerzas de choque y varios policías estuvieran bajo investigación.
En el documento que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) presentó ante el presidente inconstitucional Daniel Ortega en mayo pasado, también se aborda el tema de los abusos policiales.
Sin mencionar directamente el caso de #OcupaINSS, los obispos señalan: Es urgente poner fin a todo abuso de autoridad y maltrato de parte de la misma Policía frente a ciudadanos que reclaman sus derechos pacíficamente, e igualmente velar para que la Policía Nacional no caiga en la indiferencia y el desinterés para hacer prevalecer la justicia y salvaguardar la integridad de grupos indefensos.
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