Tania Sirias
Desde 2008 se ha vuelto costumbre del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizar defenestraciones y ahora relego de alcaldes que pierden el respaldo de la pareja gobernante.
El último caso es el de Nagarote, donde el alcalde Juan Gabriel Hernández fue retirado de la comuna desde el abril.
La marginación del alcalde nagaroteño es una evidencia más del deterioro en los procesos de descentralización de los gobiernos locales en Nicaragua, donde el Gobierno central ahora tiene más incidencia que los propios alcaldes en las municipalidades, expresó el diputado Javier Vallejos, exconcejal en Granada.
Comentó que todas las alcaldías reciben ayudas a través del presupuesto de la República, pero algunos alcaldes no tienen la libertad de tomar sus propias decisiones.
“El mismo ejecutivo les está cercenando sus derechos de poder invertir en lo que el Gobierno local decida, incluso afecta hasta la participación ciudadana. Todas las leyes quedan en papel mojado, ya que políticamente se toman las decisiones en dependencia a los intereses de Daniel Ortega”, señaló el diputado Vallejos.
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Agustín Jarquín Anaya, expresidente del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), lamentó la concentración de poder alrededor del Gobierno central, afectando a la autonomía de los municipios.
AFECTA LA PARTICIPACIÓN
Jarquín Anaya, quien además fue presidente de la comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, considera que al restar la independencia al Gobierno local, se limita la participación ciudadana, ya que todo se hace desde el punto de vista del Gobierno.
El diputado Vallejos lamentó que ahora todo se hace a conveniencia de los planes totalitarios del Gobierno, poniéndose el mismo Gobierno central por encima de la Ley 40, Ley de Autonomía municipal.
“Ellos están aprovechando todo lo que les favorezca”, dijo Vallejos. Igualmente indicó que el ejecutivo ha ido descentralizando algunas responsabilidades a las alcaldías, a través de la Ley de Transferencias municipales, donde se obliga a los alcaldes a utilizar cierto porcentaje de las transferencias en proyectos de agua potable, salud y educación.
“Esta es una buena medida, sin embargo, cuando se trata de decisiones y responsabilidades que les competen exclusivamente a las alcaldías, les restan autoridad, pues se hace lo que el partido del Frente Sandinista les indique”, dijo el diputado Vallejos.
NO HAY SEGURIDAD JURÍDICA
Para Jarquín Anaya, el hecho que el ejecutivo esté detrás de la defenestración o el relego de un alcalde es algo lamentable, ya que no existe seguridad jurídica en Nicaragua.
“Las defenestraciones y restar importancia a la descentralización de los gobiernos locales es contrario a la legislación nicaragüense. Lamentablemente ha habido una regresión en algo donde Nicaragua era ejemplar en Centroamérica”, dijo Jarquín Anaya.
Agregó que antes había una mayor participación ciudadana y autonomía municipal. Además los logros de la descentralización eran objeto de estudio a nivel regional, expresó el expresidente de Inifom.
Jarquín Anaya sostuvo que la “aparente destitución” del alcalde de Nagarote es contrario a las leyes del país, ya que no existe una resolución del concejo municipal en la que lo retire de su cargo.
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