Policía Nacional oficialmente bajo el mando de Daniel Ortega
Leonor Álvarez
Con la aprobación de la nueva Ley de la Policía queda establecido el “sometimiento absoluto” de esta institución a la Presidencia de la República, “restándole independencia para investigar los delitos y las faltas que se cometen en el poder ejecutivo y para investigar a las personas afines al poder ejecutivo”, consideró el exdiputado liberal José Pallais Arana.
La nueva Ley de la Policía Nacional fue aprobada solo en lo general con los 63 votos de los diputados de la bancada oficialista, mientras 26 votos en contra fueron de los opositores de la bancada Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli).
Se espera que este jueves 12 de junio, el plenario de la Asamblea Nacional continúe con la aprobación en lo particular, artículo por artículo.
Los cuestionamientos de los opositores han girado principalmente alrededor de la subordinación de la Policía al ejecutivo, dirigido por el presidente inconstitucional, Daniel Ortega.
Castro también dijo que el artículo 23 sobre la Policía Voluntaria “en ningún momento habla allí de un organismo comunitario específico”, en alusión a los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC).
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El exdiputado Pallais valoró que con la “subordinación excesiva” de la Policía a la Presidencia de la República se corre el riesgo de que el gobernante pueda “mantener por períodos arbitrarios o discrecionales a los miembros de la Policía”, lo cual es un “golpe toral al criterio de independencia policial”.
Para el exdiputado esto “significa un retroceso en el proceso de profesionalización e independencia de la Policía Nacional”.
También es cuestionado el artículo 2, párrafo 2 de la Ley, por considerarlo “ambiguo” y que queda abierto a interpretaciones, para que se pueda prohibir toda clase de trabajos investigativos de periodistas y otras organizaciones.
PERIODISMO SE MANTIENE AMENAZADO
Pallais considera que el artículo 2 “no está redactado de forma adecuada”. Este artículo prohíbe a toda persona “llevar a cabo actividades de investigación privada o cualquier otro acto que vulnere los derechos constitucionales, la intimidad y la privacidad de las personas”.
Los diputados sandinistas argumentan que no es intención de la Ley limitar el periodismo investigativo, pero Pallais explica que “la labor del legislativo debe ser lo más exacto a la intención de las leyes, para evitar malas interpretaciones o interpretaciones erróneas, entonces debieron redactarlo de forma clara”.
Pallais considera que el artículo debió decir: “Solamente las investigaciones policiales deben servir de base para sustentar un proceso penal”, pero no lo dice así.
Por su parte, el comisionado general Juan Ramón Grádiz, quien dio la cara este miércoles 11 de junio en el parlamento, manifestó que no era necesario explicar algo que ya está claro en la Constitución Política sobre el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“En ningún momento se ha pretendido afectar derechos constitucionales, porque valga la redundancia son derechos que están recogidos en la Constitución Política y no pueden ser modificados o afectados por una norma secundaria”, dijo Grádiz en alusión a la libertad de prensa.
RECUERDA LEY INCONSULTA
Los diputados opositores de la Bapli expresaron uno a uno sus criterios en contra de esta nueva ley.
El diputado Wilber López Núñez dijo que ningún miembro del PLI iba a ser cómplice de firmar “una ley que viene a retroceder la institución que tanto había avanzado” en Nicaragua. López recordó que durante la consulta de esta ley, en la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, fue nula la posibilidad de que un organismo de Derechos Humanos participara para ofrecer su criterio. Finalmente solo se consultó a la propia Policía Nacional, al Ministerio de Gobernación y al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).
“Nosotros no vamos a aprobar esta ley, nosotros no vamos a respaldar la ley de Ortega…”, manifestó López, quien es jefe de la Bapli.
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