CENIDH presenta informe sobre la situación actual de los derechos humanos en Nicaragua
Elízabeth Romero/Tania Sirias
GINEBRA Y MANAGUA
Por un poco más de tres horas el Estado de Nicaragua, representado por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, deberá exponer hoy lo que ha hecho el Gobierno en materia de derechos humanos en el país y responder las preguntas de 86 representaciones de los estados que se han inscrito para la segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU).
Esta evaluación se produce en la 19 sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, que se realiza este miércoles en Ginebra.
“También se recomendó hacer reformas legales, tal es el caso del Código Penal para adecuar la definición de tortura, reformar el Código Militar para establecer el delito de tortura, pero esto no se cumplió”, señaló Ampié.
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Cada representante tendrá 1:30 minutos para preguntar dada la cantidad inscrita y de acuerdo con el sorteo establecido será la representación de Estados Unidos a quien le corresponderá preguntar primero y el cierre lo realizará Reino Unido.
De acuerdo con los expertos que trabajan en este organismo, el EPU es un mecanismo considerado como de relevancia política donde los estados que acuden a ser revisados exponen sus avances en materia de derechos humanos.
PREGUNTAS CLAVE DE VARIOS PAÍSES
LA PRENSA brinda cobertura a esta evaluación a través del Programa de formación de periodistas de América Latina sobre el sistema internacional de derechos humanos y por invitación de Géneve Ville Soldaire de la ciudad de Ginebra.
Al menos ocho representaciones habían hecho llegar al Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos las preguntas que plantearán al Estado de Nicaragua. Los derechos indígenas, la mujer y la niñez, son algunos de los temas recurrentes.
Entre los países que preguntarán están la República Checa, que ha formulado por escrito cuatro preguntas y están relacionadas con las medidas concretas adoptadas por el Gobierno en relación con la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer; sobre la ilegalidad del aborto en Nicaragua y su criminalización en el Código Penal.
Mientras que la representación de los Países Bajos pregunta al Gobierno lo que hace en beneficio del sector de la diversidad sexual y en contra de la hostilidad que sufren los defensores de los derechos humanos que abogan por la igualdad de derechos para este sector.
Noruega consultó sobre las medidas adoptadas para implementar las obligaciones adquiridas a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionada con consultas previas a los pueblos indígenas, autóctonos y afrodescendientes, entre otros, así como los planes previstos para asegurar que niños vayan a la escuela, no trabajen y se les asegure condiciones básicas como educación y salud.
Esta evaluación se extiende hasta el viernes cuando la delegación de Nicaragua señale si acepta o no en su totalidad las recomendaciones que le hagan y que en un informe recoge el Grupo de Trabajo junto a lo que denominan la troica encargada de levantar las actuaciones de la sesión.
CENIDH: PROGRESIVO DETERIORO DE DD. HH.
La violación al derecho a elegir y ser electo, la falta de transparencia en los últimos procesos electorales, la exclusión de observadores electorales nacionales, la lamentable situación de los privados de libertad, la falta de independencia del poder judicial, la no libertad de expresión, el duopolio en los medios de comunicación, así como la situación de los pueblos indígenas ha provocado un “progresivo deterioro en los derechos humanos” en Nicaragua, afirmó la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Tras la presentación del EPU, se comprobó que de las 109 recomendaciones hechas por este organismo en 2010, el Gobierno ha incumplido 68 de estas.
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