Nueva amenaza a CED

La amenaza más reciente contra los ocho presidentes de los Consejos Electorales Departamentales (CED), que tiene la Alianza Partido Liberal Independiente en el país, está ligada a una reforma a la Ley Electoral, aunque esta aún no se ha presentado a la Asamblea Nacional.

Kitty Monterrey, tesorera del PLI, aseguró que los presidentes de los CED que pertenecen al PLI siempre se han visto relegados de sus funciones por “administradores” instalados por el gobernante Frente Sandinista, y cuando se les vence un contrato de trabajo —que de manera ilegal les han hecho firmar— los amenazan diciéndoles que ya no se los van a renovar, y esta vez les han dicho que su cargo va a desaparecer con una reforma a la Ley Electoral.

El artículo 16 de la Ley Electoral vigente establece que “los miembros de los Consejos Electorales Departamentales o Regionales tomarán posesión de sus cargos al menos cinco meses antes al día de la elección y cesarán en sus funciones cinco días después de la toma de posesión de las autoridades electas”, pero seguidamente también aclara que “esta disposición no se aplicará al presidente y a su respectivo suplente, quienes se mantendrán en el cargo con el objeto de ejercer las funciones relativas de Registro Civil, de Cedulación y de Administración”.

Sin embargo, los presidentes de los CED que pertenecen al PLI han sido irrespetados en las condiciones de su cargo desde que tomaron posesión, en total violación a la Ley.

“Nuestros presidentes departamentales siempre han estado relegados. Tenemos ocho, los tienen marginados en las oficinas, no les pagan, no les quieren renovar contrato (y) como resultado de la reelección (de funcionarios del CSE) los han amenazado, diciendo que los van a correr, que van a asumir el cargo los administradores y que viene una reforma a la Ley Electoral, y que ahí esa figura de presidente va a dejar de existir”, explicó Monterrey.

El “administrador” de los CED es una figura que el Consejo Supremo Electoral ha impuesto en los CED que son presididos por la oposición, para impedirles ejercer sus funciones, desde el 2012, poco antes de las elecciones municipales.

Monterrey recordó que el contrato de trabajo que les hacen firmar cada seis meses es ilegal, porque estos son cargos que mandata la Ley Electoral por un período determinado. Incluso, en enero del 2013 el CSE había mandado a despedir a los presidentes del PLI y el magistrado José Luis Villavicencio, contradiciendo lo que dice la Ley, argumentó que cuando termina el proceso electoral, las estructuras de los CED y los Consejos Electorales Municipales desaparecen y queda ocupando el cargo el administrador.

Sin embargo, los CED que son presididos por el Frente Sandinista no tenían obstáculo.

Itzel Duarte, presidenta del Consejo Electoral Regional (CER) de Bluefields, quien asumió su cargo el 4 de febrero, manifestó que no la dejan ejercer sus funciones y que el contrato que la hicieron firmar se vence el 4 de mayo próximo, cuando los consejeros electos tomaran posesión. “Después del 4 de mayo no sé qué va a pasar conmigo”, se quejó.

En ese momento también denunciaron que se les estaba imponiendo un administrador, aunque la Ley Electoral establece que la administración le corresponde al presidente del CED. Y se hizo notar también que esos administradores estaban vinculados al gobernante Frente Sandinista. A pesar de las amenazas y restricciones, los presidentes del PLI en los CED se han mantenido en sus puestos para fiscalizar. El PLI preside los Consejos Electorales Departamentales en Rivas, Chinandega, Chontales, Granada, Jinotega, Madriz, Bluefields (Caribe Sur) y Río San Juan.

Kitty Monterrey, tesorera del PLI.

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