Gloria Picón Duarte
El parlamentario dijo que le hicieron ver al funcionario que es importante darle a la ciudadanía la posibilidad de conocer sus derechos, “pero conocer sus derechos significa que las instituciones tengan la voluntad y obligación de que sus derechos puedan ser satisfechos, porque muchas veces pasa que ponen sus denuncias y no pasa nada”.
También le hicieron ver al funcionario que hay situaciones que no necesitan denuncias y que las instituciones deben investigarlas de oficio.
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Solamente una denuncia formal contra el sistema de pago electrónico del Transporte Urbano Colectivo (TUC) han recibido en la Dirección de Defensa de Derechos del Consumidor, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), informó su director Freddy Rodríguez a los diputados de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional.
Rodríguez no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación.
El diputado sandinista Douglas Alemán, vicepresidente de la comisión, explicó que la única denuncia que recibió la oficina del Mific no era de su competencia, sino que debía ser conocida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).
RECLAMOS A INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
Alemán agregó que el Mific ya está trabajando en divulgar ante la población cuáles son las instancias a las que se debe recurrir, porque “la gente no tiene costumbre de reclamar y hacer reclamos de acuerdo a las competencias”.
“Con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias se dejó establecida la responsabilidad de los entes reguladores para cada uno de los servicios básicos, por ejemplo, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para temas de energía, se están encargando de divulgar los canales que la población tiene que seguir para plantear sus inquietudes”, dijo Alemán.
El diputado opositor Adolfo Martínez Cole, presidente de la comisión, aseguró que darán seguimiento al tema de las TUC y los próximos en ser llamados podrían ser los funcionarios de la Siboif, ya que ellos están realizando una auditoría a la empresa MPeso, que es la que administra el cobro del pasaje electrónico, además de que desean conocer a dónde va a parar el dinero de las recargas que no les llegan a los usuarios.
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