CARACAS/AFP
Varios cientos de chavistas marcharon este sábado en apoyo a la Fuerza Armada venezolana, mientras opositores suspendieron una manifestación para repudiar los abusos de las fuerzas del orden en el marco de la ola de protestas contra el gobierno, que deja un saldo de 28 muertos.
Cientos de personas, con banderas venezolanas y vestidos de rojo -color del chavismo-, milicianos y militares de uniforme verde marcharon por el Paseo Los Próceres, en el suroeste de Caracas, para respaldar la acción de los cuerpos de seguridad en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que ya llevan más de un mes.
«Hoy el pueblo va a Los Próceres a hacerle un reconocimiento a nuestra Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que está en la calle, al ejército, a la armada, a la aviación», dijo el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, el exmilitar Diosdado Cabello.
«La unión cívico-militar está fortalecida y vamos a seguir unidos», expresó la ministra de Defensa, Carmen Meléndez, que junto a Cabello encabezó la movilización, que desembocó en el patio de honor de la Academia Militar, donde fueron recibidos por Maduro.
En paralelo, el partido opositor Voluntad Popular -ala radical de la oposición que promueve la protestas callejeras- tenía previsto movilizarse en Caricuao, oeste de Caracas, para «repudiar» la represión «de los cuerpos de seguridad del Estado y grupos irregulares contra los manifestantes».
Pero la actividad se suspendió ante la «amenaza de grupos violentos» que supuestamente amedrentaron a los manifestantes, escribió en Twitter Johan Merchan, jefe de prensa de Voluntad Popular, quien además lamentó «la falta de cuerpos de seguridad» en Caricuao «permitiendo agresiones a la prensa».
Desde que las protestas iniciaron hace más de un mes se han registrado 28 muertes, cerca de 400 heridos, más de 100 detenidos y 41 investigaciones por violación de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales, según un balance de la Fiscalía General.
Operativos ante focos de violencia
Venezuela vive desde el 4 de febrero una ola de protestas opositoras iniciadas por estudiantes de San Cristóbal (oeste). Al reclamo inicial de la inseguridad, se han sumado otros por la inflación de 57%, la escasez de alimentos y productos básicos, la liberación de detenidos políticos y la represión de los cuerpos de seguridad.
Ordenados por el presidente Nicolás Maduro, entre el jueves y viernes se reforzaron los operativos contra manifestantes radicales, que consisten en una mayor presencia policial, detención de radicales y decomisos principalmente en Caracas, San Cristóbal -cuna de las protestas-, y Valencia (norte), donde esta semana dos civiles y un militar murieron baleados.
«Vamos a entrar con planes especiales (…) hasta que liberemos de guarimberos (manifestantes que bloquean calles con barricadas) y delincuentes a todas las urbanizaciones de clase media alta y clase media, que son las principales víctimas de este golpe de Estado», aseguró Maduro en rueda de prensa el viernes.
El ministro del Interior, Miguel Rodríguez, informó que se han multiplicado los decomisos de pertrechos supuestamente usados por manifestantes como: cables con púas para bloquear calles, explosivos y sustancias químicas para fabricar bombas incendiarias, lanza granadas, morteros con esquirlas, entre otros.
Maduro añadió que las protestas, que califica de intento de golpe de Estado, se mantenían en sólo dos municipios y denunció que 68 militares y policías han sido heridos, la mitad de ellos de bala, desde el 4 de febrero.
La noche del viernes, se registraron choques leves entre manifestantes radicales y la GNB en la Plaza Altamira, en el opositor municipio de Chacao y epicentro de las protestas en Caracas. Según la ONG Foro Penal, hubo al menos 15 detenidos en estos incidentes.
Pulso diplomático con EEUU
Esta semana, Caracas y Washington volvieron a tener un cruce de encendidas declaraciones, luego de que el secretario de Estado, John Kerry, llamara al gobierno venezolano a que «cese esta campaña de terror contra su propio pueblo» que, a juicio de la Casa Blanca, ocurre en las protestas.
En respuesta, el canciller Elías Jaua calificó a Kerry de «asesino del pueblo venezolano». «Cada vez que estamos a punto de aislar y reducir a los violentos, sale a declarar Kerry e inmediatamente se activan las guarimbas -barricadas en llamas- en los principales focos de violencia», dijo.
Maduro estimó que «hay un desbocamiento de declaraciones, de amenazas, de sanciones, de amenazas de intervención. Ha habido lobby de los más altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos (…). Es evidente el intervencionismo desesperado del gobierno de los Estados Unidos».
Pero un vocero del Departamento de Estado tildó el viernes como «absurdas» las declaraciones de Maduro y estimó que el gobierno venezolano «necesita enfocarse en solucionar sus crecientes problemas económicos y sociales, no en hacer absurdas acusaciones contra Estados Unidos».
Maduro acusa a la oposición de fomentar las protestas con apoyo de Estados Unidos -el principal cliente del petróleo venezolano-, en el marco de fuertes tensiones que han resultado en la expulsión de ocho diplomáticos estadounidenses de Caracas en el último año.
Ambos gobiernos retiraron a sus embajadores en 2010. Tras las protestas Maduro instaló una mesa de diálogo nacional a la que han asistido distintos sectores, pero estudiantes y opositores se resisten a participar.
