Elízabeth Romero
Desde diciembre pasado el Ministerio de la Familia dejó de pasar una pensión a doña Irinea Mejía, madre y esposa de las tres víctimas de la matanza en la comunidad indígena El Carrizo, en San José de Cusmapa, Madriz.
Uriel Pineda, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) , aseguró que esto se los informó Mejía en una visita reciente, y consideró que esto es una violación a una medida de reparación, ante una violación a derechos humanos.
El Estado está obligado a reparar esta situación pues le están privando a Mejía de un mecanismo de subsistencia, expresó el funcionario del Cenidh.
