Managua/ACAN-EFE
Nicaragua no tiene nada que perder con la nueva demanda interpuesta por Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, para delimitar la frontera marítima, en el Caribe y en el Pacífico, entre ambos países, opinaron hoy expertos nicaragüenses en derecho internacional y políticos.
«Nicaragua, en términos jurídicos, tiene una ventaja importante, porque Costa Rica se auto impuso un límite en el Caribe al acordar una frontera con Colombia en 1977» que la CIJ determinó no la era, sostuvo el jurista nicaragüense Mauricio Herdocia.
«Y en el Pacífico, Nicaragua se podría beneficiar con las decisiones equitativas de la Corte, a pesar de que Costa Rica tiene accidentes geográficos que le pueden beneficiar», valoró el también exagente nicaragüense en la CIJ en el caso con San José, en declaraciones a periodistas.
Según el experto en derecho internacional y rector de la privada universidad American College, de Managua, el tratado Facio-Fernández de 1977 entre Costa Rica y Colombia fijaba como frontera en el Caribe el meridiano 82 y la CIJ determinó que no lo era en un fallo en un caso entre Bogotá y Managua.
En febrero de 2010, Costa Rica solicitó a la CIJ que se le permitiera intervenir en el litigio entre Colombia y Nicaragua en calidad de Estado no-parte, con el fin de poder informar sobre la naturaleza y extensión de los intereses costarricenses en el mar Caribe para que no se vean afectados ante el eventual resultado de ese caso.
En mayo de 2011, la CIJ rechazó esas intenciones de Costa Rica, igual que con otra de Honduras, para intervenir en el contencioso fronterizo que Managua mantenía con Bogotá.
El 19 de noviembre de 2012, la CIJ definió los límites en el Caribe entre Bogotá y Managua y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90,000 kilómetros cuadrados.
«A Nicaragua le conviene que se delimiten las fronteras (con Costa Rica), ya hemos esperado mucho tiempo», señaló, por su lado, el diputado opositor Eliseo Núñez.
El Gobierno de Nicaragua no ha reaccionado de momento a la nueva demanda de Costa Rica, aunque el pasado día 5 acusó al vecino país de «intentar cerrar las puertas a cualquier diálogo» a quien suceda en la Presidencia a Laura Chinchilla, tras anunciar que demandaría a los nicaragüenses ante la CIJ por ofertar bloques marinos para explotación petrolera en territorio que ambos consideran suyos.
Los candidatos Luis Guillermo Solís, del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), y Johnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), disputarán la Presidencia de Costa Rica en segunda vuelta el próximo 6 de abril.
Sobre ese particular, el encargado del dragado del fronterizo río San Juan, Edén Pastora, dijo que «Chinchilla está queriendo heredar problemas al nuevo gobierno de Costa Rica, porque sabe que Nicaragua se va a entender mejor que con ella».
Mientras el vicepresidente del país, Moisés Omar Halleslevens, dijo a periodistas que hay una «intención de empantanar» al nuevo gobernante costarricense las relaciones con Nicaragua, porque «estos procesos (judiciales) dejan ya montado al que ascienda, a tener que asumir esa situación».
En tanto, el diputado disidente sandinista y exvicecanciller, Víctor Hugo Tinoco, instó a las autoridades a mantener la calma con ese conflicto, porque los que «salen perdiendo» son los al menos 500.000 nicarag enses que trabajan en Costa Rica.
En la actualidad, la CIJ tramita en un solo caso una demanda de Costa Rica contra Nicaragua por invasión de territorio y daños ambientales en una zona que ambos reclaman como propia, y otra en la que los nicaragüenses acusan a sus vecinos de causar daños ambientales al río San Juan, de soberanía nicaragüense.
