Martha Vásquez
- 72.4 millones de dólares ha pagado Nicaragua en indemnizaciones entre 2007 y 2011 por las confiscaciones y posterior repartición de bienes, hecho conocido históricamente como “la piñata”, según informe de la Procuraduría General de la República.
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La propuesta de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre finiquitar los últimos casos waiver a través del arbitraje, es un hecho este año, pues mandó a invitar a todos los ciudadanos estadounidenses, que registran reclamos de propiedad ante el Estado de Nicaragua, que concurran al proceso de Mediación y Arbitraje como medio de solución alterna de conflictos.
La invitación la hace con base en la Ley 540, “Ley de Mediación y Arbitraje”.
El waiver es un certificado que avala la continuación de la cooperación bilateral estadounidense, otorgado cada año por el Congreso de ese país, que certifica el avance del gobierno nicaragüense en la solución de los reclamos de propiedades de ciudadanos del país norteamericano.
El procurador general Hernán Estrada hizo la propuesta el año pasado y ahora formaliza la invitación e informa que para tales efectos se encuentra disponible el Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez, de la Cámara de Comercio Nicaragüense; “sin perjuicio de cualquier otro centro legalmente aceptado por el Estado de Nicaragua”, dice la invitación.
CASOS DIFÍCILES
Para Nicaragua es importante obtener el waiver porque es un mecanismo para garantizar el flujo ininterrumpido de la cooperación de los organismos financieros internacionales, particularmente del Banco Mundial y el Fondo Monetario, afirman economistas y empresarios.
El año pasado EE. UU. aprobó el waiver de la propiedad al reconocer el avance del Gobierno al dar respuesta a 66 reclamos de propiedad durante el año waiver 2012-2013.
En los últimos cinco años Nicaragua ha pagado 69.8 millones de dólares en indemnizaciones y la PGR calcula un monto similar en el remanente de los 178 casos.
El año pasado Estrada propuso a las autoridades estadounidenses resolver en los tribunales norteamericanos 42 casos, que se caracterizan porque supuestamente sus reclamantes “tienen muy poca base para reclamar” o porque “sus propiedades ya las habían perdido con la banca”.
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