Elízabeth Romero
Álvaro Leiva Sánchez expuso que por esta causa mantienen procesos abiertos en el poder judicial, en la Corte Centroamericana de Justicia. También han expuesto el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para marzo próximo espera que el Estado de Nicaragua explique ante la CIDH las violaciones reiteradas a los derechos laborales de los servidores públicos.
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Mientras la semana pasada las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) anunciaron un denominado “plan voluntario” para trabajadores de la Salud, una buena parte de 26,691 empleados de instituciones y empresas estatales y alcaldías del país llevan siete años a la espera de que el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega, les cancele sus prestaciones sociales.
El dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), Álvaro Leiva Sánchez, recordó que la deuda pública con los despedidos entre 2007 a la fecha, asciende a unos 720,056,000 córdobas.
Leiva Sánchez califica esta situación como de irrespeto a una serie de derechos de los trabajadores, además del incumplimiento de convenios colectivos, negociación colectiva entre otros.
Sobre todo, dijo el sindicalista, que hay casos en los que el Estado se niega a honrar las sentencias judiciales en los que los tribunales mandan a pagar las prestaciones sociales a los servidores públicos y en otros hasta a reintegrarlos y no ha sido cumplido. “Es decir, existe una falta de voluntad política de cumplir con lo que establecen las normas de nuestra legislación laboral y de aquellos convenios internacionales ratificados por Nicaragua”, señaló Leiva Sánchez.
El martes 4 de febrero, la ministra de Salud, Sonia Castro, anunció que el Minsa gestiona un préstamo de 35 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que deberá ser aprobado en la Asamblea Nacional, para enviar a retiro a 2,100 trabajadores de la Salud que tengan más de 30 años de laborar en la institución, y contratar a cuatro mil personas.
El Minsa está entre las instituciones que no ha pagado.
Esto motivó dudas entre algunos sectores de que exista interés real de pagar a los que se acojan a este plan. El dirigente de Fedetrasep dijo que una vez que los servidores públicos fueron despedidos de las diferentes instituciones del Estado, “han quedado olvidados y desamparados por el Gobierno”.
“Nosotros hemos observado una indiferencia de todas las instituciones”, dijo Leiva Sánchez en referencia a los casos de despidos de empleados públicos sin que los liquiden conforme a la ley.
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