Elízabeth Romero
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Según Granera, pusieron a la orden de los tribunales a las personas que, según la investigación, tenían alguna responsabilidad.
“Es difícil quedar bien con todo el mundo, nos tratamos de caminar recto de cara a Dios y de cara a la ley”, aseguró Granera.
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El uso extremo de la fuerza por parte de la Policía, durante los incidentes de Chichigalpa, “no tuvo ninguna correlación ni proporcionalidad” frente a la protesta de los pobladores, señala el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en un informe final sobre esos sucesos ocurridos hace 13 días, el 18 de enero de 2014.
El Cenidh considera, en su informe, que la violenta actuación policial contra los manifestantes de Chichigalpa se contradice con “las actuaciones omisivas y reiteradas” de esa institución en otros casos como el de #OcupaINSS.
“El Cenidh considera que no basta con la sanción policial, pues los familiares de todos los afectados tienen derechos a una pronta justicia, a fin (de) que estos hechos no queden en la impunidad y haya también la correspondiente reparación por el grave daño causado”, según el informe final.
La organización defensora de derechos humanos indica que se confirma que el Estado utiliza a las fuerzas policiales para criminalizar y reprimir la protesta legítima de los afectados por la insuficiencia renal crónica.
A su vez queda en evidencia la violencia de Estado contra ciudadanos de ese municipio, varios de los cuales han sido privados de la vida de forma arbitraria en distintos incidentes registrados en los últimos 20 años, según el Cenidh.
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