Martha Vásquez
[/doap_box][doap_box title=»Uso de arbitraje incipiente» box_color=»#336699″ class=»aside-box»]
Según el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua, en 2011 hubo cinco solicitudes de arbitraje y en 2012 hubo 12 solicitudes.
La desventaja de este sistema es que en juicios de menor cuantía, es decir, donde la cantidad de dinero en disputa es menor a 100 mil dólares el costo es muy alto.
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La seguridad jurídica es uno de los factores que influye en la certidumbre y confianza en la tenencia de la tierra y la inversión en estas, por eso es elemental que se fortalezca la institucionalidad en el poder judicial con el nombramiento de nuevos magistrados o la ratificación de los que ejercen la función pese a tener vencidos sus cargos.
Esta es una de las sugerencias que brindó el jueves la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), durante la presentación del informe sobre Institucionalidad Económica 2013.
Según los resultados del estudio, el problema de inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra en Nicaragua persiste y afecta su uso como garantía para créditos en la banca nacional, aunque también reconoce avances en la emisión de títulos (más de 100,000) que ha realizado el Gobierno en los últimos siete años, a través del Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad que realiza la Intendencia de la Propiedad y la agilidad en el proceso de inscripción.
Sobre la seguridad jurídica, vinculada con el procedimiento de resolución de conflictos legales sobre propiedad en los diferentes tribunales de justicia, dice que son más ágil por la implementación del nuevo modelo de despacho judicial, pero aún persisten tácticas dilatorias que alargan el proceso.
Un juicio en primera instancia dura en promedio 20 meses.
FALTA INDEPENDENCIA
El 78 % de los 173 abogados consultados manifestaron que los jueces son muy permisibles ante las tácticas dilatorias. Además, el 85 % percibe que las resoluciones judiciales “a veces salen apegadas a derecho”, y solo el uno por ciento asegura que sí salen apegadas a derecho.
La desconfianza en las resoluciones judiciales se debe a que los usuarios consideran que existen factores que inciden en la independencia del poder judicial.
Entre estos la existencia de bancadas políticas, cargos vencidos y la intervención del poder ejecutivo. A nivel interno influye la discrecionalidad en la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque se han nombrado 31 cargos mediante concurso, lo que garantiza calidad en atención a usuarios.
Al respecto José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, manifestó que se ha avanzado en la seguridad jurídica de la propiedad, pero no se ha llegado al punto en que se debe estar.
“Por ejemplo, en el Registro Público nos cobran por inscribir una hipoteca y nos cobran al salir, eso hace el procedimiento más caro”, explicó.
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