Madrid/EFE
El Gobierno de España comparte con el de Panamá el «deseo y el interés» para encontrar una solución «a la mayor brevedad posible» al conflicto que amenaza con la suspensión de las obras para la ampliación del Canal de Panamá, dijeron hoy a EFE fuentes gubernamentales españolas.
El desacuerdo entre el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), un consorcio liderado por empresa española Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre los costes de la ampliación del Canal podría llevar a la suspensión de las obras en 20 días si no se encuentra una solución.
Ante esta situación, el Ejecutivo español sigue «con atención» la evolución de los acontecimientos y los ministerios de Asuntos Exteriores y Fomento están trabajando a través de sus contactos con sus homólogos panameños y con la empresa «para llegar a un acuerdo que ponga fin a este desequilibrio comercial», dijeron las fuentes españolas.
«Panamá es un país amigo y cercano a España con el que compartimos el deseo y el interés de que se encuentre una solución a la mayor brevedad posible», recalcaron las mencionadas fuentes. Desde el anuncio de una posible paralización de las obras, el embajador español en Panamá, Jesús Silva, «ha seguido el tema, coordinando posturas para ayudar a conseguir una solución satisfactoria para ambas partes», señalaron.
La ministra española de Fomento, Ana Pastor, mantiene conversaciones con el ministro panameño para los Asuntos del Canal, Roberto Roy, y con Sacyr, líder del consorcio encargado de la ampliación de la vía interoceánica, para buscar «la mejor solución» al conflicto abierto por el anuncio de parar obras, según dijeron a EFE fuentes de dicho Ministerio.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) -integrado también por la compañía italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- anunció el miércoles que suspenderá las obras de ampliación del Canal de Panamá ante la imposibilidad de llevarlas a cabo por el importe inicialmente fijado en el contrato.
El consorcio sostiene que se han producido unos sobrecostes de 1,600 millones de dólares (1,168 millones de euros) generados por incumplimiento de aspectos del contrato por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Los constructores enviaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) una nota en la que le dan 21 días para «cumplir con los requerimientos solicitados» si quiere evitar la suspensión de las obras.
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo hoy que viajará a España e Italia para exigir a sus gobiernos que hagan que sus empresas cumplan con el contrato.»Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecoste en una obra de ampliación, que es una obra para la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios», dijo Martinelli.
